poblados, comunidades más alejadas de la región de Ayacucho la idea siempre fue destruir el poco tejido social que tiene nuestro país, eliminar lo poco que se venía construyendo en esos 1980. Hoy, esos hechos funestos para nuestra democracia precaria se vuelven a repetir.
Hablar de Wilder Manyavilca es recordar su actividad política desde haber empezado como funcionario de la municipalidad de Anco, pasando luego a ser su alcalde distrital hasta por dos veces, estar intentando ser alcalde de la provincia de La Mar, hasta ahora que lo logró y murió en su ejercicio de función; los hechos y detalles relacionados a este acto funesto son lo de menos, lo concreto es que un representante del Estado Peruano fue asesinado a sangre fría.
Este magnicidio implica el tener que poner las barbas en remojo como ciudadanía. ¿Es tan difícil que los peruanos podamos trasladarnos o caminar por cualquier zona de nuestro territorio patrio sin tener la condición de morir? Ese es el llamado que deberían hacerse cualquier hombre que camine por la calle como también aquel que se encuentra sentado en Palacio de Gobierno o en el hemiciclo del Congreso de la República.
No se puede permitir que se dañe el tejido social, por más condición o motivación que hayan tenido los asesinos del otrora alcalde provincial de La Mar es importante que el Estado tenga que arremeter contra estos perpetradores, los mismos que tienen que responder por estos actos y ser juzgados con todas de la ley.
Lo peor de todo es que políticamente hablando, lo ocurrido tiene que tener la implicancia de respuesta de la máxima autoridad regional en seguridad ciudadana, el gobierno regional debería de haber tomada en consideración que sus políticas de Estado regional tienen que estar presentes de forma previsional, dándole parte a los comités de autodefensa el lugar que tiene que ser en las carreteras donde no llegan los representantes del sistema nacional de seguridad ciudadana.
Este problema se hará presente siempre, si no existe un verdadero compromiso del Estado para hacer frente a todos los actos delincuenciales que existen en esta parte del país, justamente donde la inversión del Estado debería de ser más potente para lograr el desarrollo económico, productivo y la sostenibilidad de la lucha contra el narcotráfico y todos los esbirros que implica la presencia de bandas delincuenciales de la mafia.
Es momento de que la ciudadanía tenga un mejor compromiso dejar de lado el protagonismo político de algunos y exigir por encima de todo una atención más decidida para fortalecer este tipo de acciones estatales.
