Resultó como se esperaba. El pleno de es Congreso de impresentables brindó su voto de confianza al gabinete de la extrema derecha que encabeza de Ernesto Álvarez. Los resultados de esta votación no sorprendieron a nadie medianamente inteligente, porque es resultado de los turbios negociados de las fuerzas del oscurantismo en el congreso y la política peruana.
La cantidad no es irrelevante. Lo único que permite, es constatar que por los menos existen 79 congresistas -el número de los que dieron su confianza al terruqueador primer ministro-, con sólo 15 votos que pertenecen a parlamentarios que no han perdido la honestidad y 5 que prefieren no estar con unos ni con otros.
Lo que se viene deteriorando con este comportamiento de los partidos políticos -así llamados cuando en realidad son organizaciones criminales dedicadas al hurto y la rapiña de los recursos del estado- especialmente esa bazofia denominada Alianza para el Progreso, que espera ganar las elecciones para tener “plata como cancha” cuando sea ´presidente y disponer a diestra y siniestra de todo el tesoro nacional.
El Pleno del Congreso, con 79 votos favor, 15 en contra y cinco abstenciones, le dio el voto de confianza al gabinete ministerial liderado por Ernesto Álvarez. Esto lo ha “fortalecido” y sobre esa confianza ha dispuesto el estado de emergencia en Lima y Callao, para perseguir nel “crimen organizado”, pero nada garantiza que no sea utilizado, además, para ubicar y detener a los dirigentes de las movilizaciones, acusándolos de extremistas, violentistas y hasta de terroristas.
Y está en el discurso de la extrema derecha, que es el soporte de José Jerí este anatema de calificar a todos los que condenan las leyes que favorecen el crimen organizado, que denuncian la corrupción en la que están inmersos funcionarios y congresistas, de terroristas, caviares, violentistas, extremistas. Sólo falta que los califiquen de traidores a la patria.
Y no está lejos que utilicen este lenguaje. El congresista y exmarino Jorge Montoya ha calificado de senderistas a los estudiantes sanmarquinos que participaron en la movilización y no sólo San Marcos, sino se ha referido a todas las universidades públicas.
El objetivo es claro: aprovechar el estado de emergencia para detener dirigentes universitarios y violentar el campus de la universidad, como lo hizo Dina Boluarte, frente a las movilizaciones en 2022, en San Marcos. No es un discurso cualquiera, es una amenaza a la universidad y a la democracia.
