El gobierno de Dina Boluarte, al que le queda poco más de un año de mandato —si es que antes no pierde el respaldo de sus aliados de Fuerza Popular— podría quedar marcado en la historia no solo por las más de 50 muertes registradas en Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca, Puno, Lima y Cusco, sino también por la eventual firma y publicación en El Peruano de una ley que otorgue amnistía a militares y policías procesados por crímenes de lesa humanidad.
Así lo ha advertido la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recordando que los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto de indulto ni amnistía, por tratarse de crímenes contra la humanidad.
Vayamos por partes. Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía que serían beneficiados si Boluarte promulga la ley aprobada por el Congreso han sido hallados responsables en casos emblemáticos como las matanzas de Accomarca, Socos, Cayara, Barrios Altos y Pativilca, entre otros.
También se les atribuyen ejecuciones extrajudiciales de personas detenidas o secuestradas por las fuerzas del orden, muchas de las cuales fueron torturadas en instalaciones policiales o militares. En Ayacucho, destacan los casos de los Cuarteles Los Cabitos y la Casa Rosada. A ello se suman decenas de víctimas —campesinos, docentes y comerciantes— detenidas y ejecutadas en localidades como Cangallo, Chuschi, Totos, Huancapi, Vilcashuamán y Huanta, muchas de ellas enterradas en fosas comunes que hoy están siendo exhumadas para entregar los restos a sus familiares.
Otro delito de lesa humanidad es el asesinato selectivo de defensores de derechos humanos y periodistas que denunciaron estos crímenes. En Ayacucho se recuerdan los casos de Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas; Leonor Zamora, exalcaldesa de Huamanga; y Luis Morales Ortega, corresponsal del diario Marka.
No puede dejarse de lado los crímenes tipificados como genocidio contra comunidades indígenas en las zonas altoandinas de Ayacucho. El caso de Putis es uno de los más representativos, pero hasta la fecha se sigue negando información clave, como los nombres de los militares que lideraban las patrullas en esa comunidad.
Sin embargo, el crimen que ha dejado una herida más profunda en miles de familias peruanas es la desaparición forzada. Se estima que más de 20 mil personas desaparecieron durante el conflicto armado interno. Son más de 20 mil familias esperando que el Estado les diga dónde están los restos de sus seres queridos. Para el gremio periodístico, el caso de Jaime Ayala Sulca siempre estará presente como símbolo de esa búsqueda inacabada por la verdad y la justicia.
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