Pero con las muertes de compatriotas a manos de policías y militares, solo queda el camino de la renuncia de Dina Boluarte y sus ministros, para ser procesados por una justicia independiente e imparcial.
El camino de un gobierno de transición, dando un paso al costado el presidente del congreso, para que esta máxima investidura recaiga en una personalidad, ajena a aquellos que provocaron la crisis.
Para que sea capaz de conducir al país, no solo al restablecimiento del Estado de Constitucional de Derecho, respetando la voluntad popular, sino que allane el camino para una asamblea constituyente que mediante el consenso de todas las fuerzas sociales y políticas podamos suscribir un nuevo pacto social para el Perú.
No podemos soportar más muertes, ni normalizar los homicidios y uso de armas de fuego por las fuerzas militares y policiales contra la población civil desarmada como simples excesos.
Una vida en las provincias del Perú vale igual que una vida en Lima, y la renuncia o destitución de quien ostenta la presidencia es la sanción política que esperamos en una democracia y no una dictadura disfrazada como es este gobierno.
Los organismos internacionales tienen la labor fundamental no solo para visibilizar lo que el gobierno peruano intenta acallar y ocultar mediante los medios de comunicación mercenarios y serviles.
Sino que en aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos pedimos la protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las Naciones Unidas que no pueden permanecer inmunes al sufrimiento del pueblo peruano que está siendo masacrado y desaparecido sistemáticamente.
Desde cuando un estado de excepción como el estado de emergencia significa la conculcación del derecho a la vida o la integridad física, desde cuanto la protesta pacífica es un delito.
Ahora asistimos a una pantomima de democracia cuando el pleno del Congreso desoyendo al pueblo en las calles, aprueba un adelanto de elecciones para abril de 2024, para seguir prolongando la crisis por un año y medio más.
No solo para atornillarse a sus cargos, sino para hacer las reformas políticas que favorezcan a sus candidatos y que permita mediante una desleal competencia quitar del camino a sus contrincantes electorales.
La protesta que no solo es legítima y constitucional, pacifica como una verdadera expresión de la democracia directa, no se va callar frente a este embuste del Congreso ni ante la dadivas del Poder Ejecutivo que intenta intercambiar la dignidad de un pueblo con títulos de propiedad u otras limosnas.
