Ver con sospecha el voto en las zonas rurales, altoandinas y alejadas de la metrópoli, se ha convertido en una normalidad en el Perú. Es que el centralismo ha creado un voto incomodo hasta convertirse en contrahegemónico (quiere decir en contra de las condiciones actuales de nuestra vida peruana. Ahora, el cuestionamiento a miles de actas impulsado por Rafael López Aliaga abre una discusión política: en el Perú todos los votos valen lo mismo o si algunos siguen siendo tratados como menos confiables solo por venir del campo.
Ese es el punto más grave. No estamos ante una observación puntual, sustentada en pruebas concretas y presentada por la vía institucional correspondiente. Estamos ante una narrativa que pone en duda los votos emitidos en territorios históricamente excluidos, sin evidencia sólida que respalde un fraude sistemático. Y cuando se instala esa sospecha, el mensaje encubierto es que el voto rural sería válido solo cuando coincide con las expectativas del poder urbano.
No es la primera vez que ocurre. El Perú arrastra una vieja fractura entre el centro y la periferia, entre la capital y las regiones, entre el país visible y el país que solo aparece cuando define una elección. Desconocer o deslegitimar el voto de las comunidades rurales es una forma de menosprecio político. Es decirle a millones de ciudadanos que su participación puede ser revisada con una severidad que rara vez se aplica con el mismo tono a otros sectores del electorado.
Eso debilita la democracia. Porque la democracia se entiende como reconocernos con el mismo respeto, sin importar si vienen de Lima, de la sierra o de la selva. Si un candidato considera que existen irregularidades, tiene el derecho —y el deber— de denunciarlas con pruebas, dentro de los canales legales y sin alentar sospechas generales que terminan debilitando la confianza pública en el proceso. Lo que no puede hacer es convertir la derrota o la incertidumbre en una campaña de descrédito contra el voto ajeno.
El país necesita serenidad institucional. Necesita organismos electorales firmes, observación rigurosa y, sobre todo, sectores que hegemónicamente están situados en lugares privilegiados que entiendan que no puede jugar con la legitimidad del sufragio cada vez que los números no le favorecen. Porque cuando se siembra la idea de que el voto rural es dudoso por definición, se ataca la igualdad misma sobre la que debería sostenerse la República.
El voto rural no es descartable. No es secundario. No es sospechoso por origen. Es ciudadanía. Y mientras una parte de la política siga tratando de desconocerlo cuando le incomoda, el problema no estará en las actas, sino en la incapacidad de ciertos liderazgos para aceptar que el Perú también se decide lejos de sus propios círculos.
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