La amenaza de cerrar o cambiar de objetivos a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad, es un paso más de la derecha peruana que busca, con estas medidas, negar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado durante el conflicto armado interno, y a la vez, reconocer que en muchas de estas acciones, estuvo de por medio la discriminación y el racismo contra la población indígena y pobre de la zona rural del país, en especial de los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.
Dar un paso de esta naturaleza pondría al Perú en la lista de los países, donde los derechos humanos son letra muerta y se avalarían todos los crímenes que se cometieron, se cometen y se cometerían en el futuro, contra los derechos humanos de los peruanos.
El Perú, como república, ha suscrito una serie de documentos, como tratados, cartas y compromisos relacionados con el irrestricto respeto de los derechos humanos en nuestro territorio. Por supuesto, que el cumplimiento de estos compromisos está estrechamente vinculados con estándares internacionales, que señalan cuáles son esos delitos y cómo deben sancionarse.
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Y esto es lo que espanta a la derecha enquistada en el gobierno, y uno de sus voceros es el tristemente célebre Alejandro Muñante, congresista por la ultraderecha peruana llamada Renovación Popular.
¿Y porque lo espanta? Porque de acuerdo a los estándares internacionales, los estados están obligados a continuar con los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas -ejecutadas extrajudicialmente – y sus restos sepultados clandestinamente. Y, en un gesto de humanidad, devolvérselos a sus familiares para su entierro, de acuerdo a sus creencias religiosas.
Le asusta a Muñante el sesgo ideológico relacionado con el respeto a derechos humanos, porque es contrario al sesgo ideológico y político de la derecha peruana, que él representa, que es el fascismo que desconoce y promueve la violación de los derechos humanos y el asesinato de los opositores, como el pedido de Rafael López Aliaga, de “cargárselo” a Gustavo Gorrito, es decir, matarlo.
Con esta solicitud pretende Muñante y la derecha peruana, que no se siga investigando la situación de cerca de 14 mil personas, de los más de 20 mil, que fueron secuestrados por agentes del estado durante el conflicto armado interno, y que fueron hallados en fosas comunes, como La Hoyada en Huamanga o la de Putis, entre otras.
