Desde hace una semana, el Perú soporta una campaña sostenida denunciando un supuesto fraude electoral, que sólo existe en la mente enferma de un candidato extraviado, que denuncia el robo de un millón de votos. Esta denuncia afecta a los peruanos, que tienen que enfrentar problemas de sobrevivencia ante una ola de sicariato, asesinatos y chantajes, para soportar las declaraciones día y noche del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
La narrativa de fraude electoral sigue sin sustento ni base legal
Se trata de una campaña de desinformación, por lo tanto, es preciso que los sectores democráticos, desde la derecha hasta la izquierda, rechacen esta campaña que tiene como socios desinformadores a los grandes medios de comunicación, como Willax, América y Canal N en la televisión y El Grupo El Comercio y Expreso y otros pasquines en la prensa escrita.
Defendemos el voto democrático en el Perú y basta con demostrar que no existen ninguna evidencia técnica que respalde las acusaciones de fraude denunciadas por Rafael López Aliaga y sus seguidores de la derecha fascista. En cambio, la integridad del proceso cuenta con el respaldo unánime de organismos internacionales y nacionales que has participado como observadores.
Las denuncias de fraude, ahora a cargo de Rafael López Aliaga, nos lleva a remontarnos a dos momentos: las elecciones del 2000, cuando el fraude montado desde el gobierno de Alberto Fujimori y la denuncia de Keiko Fujimori de un supuesto fraude en las elecciones del 2021. Los observadores internacionales, incluyendo a la comisión de la OEA coincidieron que el gobierno de Alberto Fujimori realizó un fraude para ganar la reelección por tercera vez.
En cambio, han desestimado que en las elecciones de 2021 como en el proceso actual de 2026. La Misión de Observación Electoral de la UE ha ratificado, en comunicados oficiales, informes y declaraciones al periodismo, que el proceso de 2021 se desarrolló sin fraude y que las denuncias carecían de sustento técnico. Para el proceso de 2026, en el informe preliminar señala que no existen “elementos objetivos” para hablar de fraude.
La Misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), también ha señalado, que, si bien existen fallos logísticos y retrasos, no se puede utilizar esto para denunciar un fraude electoral y está respaldando la transparencia general del sistema.
Cuando convocamos a los ciudadanos a no dejarse sorprender por las declaraciones de Rafael López Aliaga y sus seguidores, que además tienen una carga racista, clasista y que busca degradar el voto andino, es necesario precisar que sí existieron irregularidades que deben ser investigadas y sancionadas en su debido momento y en estricto cumplimiento de la ley, que prohíbe remover a las autoridades electorales en pleno proceso.
Para los especialistas en temas electorales, cuando se presentan estas conspiraciones, hay que precisar que los que sueltan estas campañas, lo que buscan es confundir ciudadanos, presentado errores administrativos con manipulación sistemática. En el actual caso, los retrasos en la apertura de mesas y entrega de materiales son incidentes operativos que no alteran la voluntad popular depositada en las urnas.
Por otra parte, las elecciones cuentan con un control ciudadano y político, expresado con los mecanismos de fiscalización a través de los personeros de los partidos políticos en cada mesa, quienes firman las actas y pueden impugnarlas en el momento. Y en ninguna mesa existe una denuncia que no se le haya permitió a un partido acreditar a su personero. Lo que han hecho sus seguidores, por el contrario han impugnado a cientos de esas actas en las zonas andinas, donde evidentemente, Renovación Popular no cuenta con simpatías.
Pese a la falta de pruebas en el ámbito judicial, las denuncias y las acusaciones de 2021, que hablaban de un “fraude sistemático”, fueron desestimadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debido a la ausencia de evidencia concreta.
Ante este revés en el 2021, el ataque ahora es directo contra el jefe de la ONPE y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a quienes han atacado con calificativos irreproducibles, de quien se cree en condiciones de ganar y ser investido como presidente de la república.
No caer en el juego de la ultraderecha fascista. Las organizaciones sociales, sindicatos, colegios profesionales y la sociedad civil en su conjunto, debe salir en defensa de la democracia y rechazar estas “denuncias” que parecen ser obra de un demente.
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