La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, el expremier Alberto Otárola y otros altos funcionarios, por su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas de diciembre de 2022 y parte del 2023.
La medida ha sido recibida por familiares de víctimas como un avance en la búsqueda de justicia. Yobanna Mendoza, presidenta de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre de Ayacucho (Asfah), manifestó que:
“A los dos años y cinco meses se da esta denuncia constitucional, una denuncia que debió haber sido inmediatamente después de lo que ha ocurrido, porque acá no hay nada más que esclarecer”.
Según Mendoza, el proceso solo contempla los casos hasta febrero de 2023, pese a que denuncian muertes posteriores.
“En marzo también tenemos un asesinado por tortura. A él lo han torturado antes de que fallezca”, mencionó, en referencia al caso de Mariela Cayo y su esposo.
La Fiscalía incluye en la denuncia los hechos ocurridos en varias regiones del país. Mendoza afirmó que “los responsables son los que dieron las órdenes” y sostuvo que los implicados deben responder judicialmente. Por su parte, el exjefe del gabinete, Alberto Otárola, calificó la denuncia como “una pérdida de tiempo”, posición rechazada por los deudos.
Actualmente, la organización Asfah agrupa a familiares de 50 personas fallecidas y más de 1.500 sobrevivientes de los hechos violentos ocurridos durante las protestas de 2022 y 2023.
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