Mario Zenitagoya | Otra Mirada
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Estamos próximos a las elecciones políticas del 2026. Se va percibiendo lo que se presagiaba y que para un gran sector de la opinión pública no es de extrañar lo que se viene: corrupción política y todo el andamiaje mediático y una prensa servil y mercantil con sus autodenominados “periodistas de credibilidad” y es la época de las publicaciones amañadas, financiadas que van mostrando sus “encuestas”.
A la corrupción no le conviene el equilibrio de poderes, la plena libertad de expresión, el pluralismo, la presencia de instituciones de fiscalización del aparato estatal, de mecanismos de participación de control ciudadano, de un aparato judicial y policial eficiente, entre otros, que son precisamente características de una democracia sólida y eficiente.
Los peruanos nos enfrentamos a la corrupción política con una actitud ciertamente contradictoria: por un lado, creemos que existe un nivel intolerable de corrupción y mostramos altas dosis de desafección hacia nuestros políticos. Pero, por otro lado, seguimos votando elección tras elección a los mismos partidos políticos, a los mismos candidatos que cambiaron de camiseta y con una mochila pesada ofreciendo el oro y moro para “solucionar” los problemas del país, haciendo creer a los empobrecidos por el sistema dando su voto se convertirán en “emprendedores” por no utilizar otra palabra.
Pocas cosas son tan claramente perceptibles en el actual clima de opinión como el hartazgo ciudadano con la clase política y con el cúmulo de escándalos de corrupción que se va dando estos últimos tiempos. La pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los políticos no ha cesado de aumentar en los últimos tiempos alcanzando niveles hasta ahora desconocidos y lo señalan las encuestas.
Los estudios y encuestas muestran de forma contundente que no existe un claro castigo electoral a los escándalos de corrupción. Así de pesimistas concluían, por ejemplo, los politólogos Gonzalo Rivero y Pablo Fernández en un estudio sobre la cuestión: “los partidos o movimientos de autoridades como los alcaldes implicados en conductas irregulares pueden contar con que no sufrirán castigos algunos “.
Muchos expertos intentan buscar la respuesta en cómo están diseñadas nuestras instituciones; quizás les suene últimamente la más que discutible propuesta de cambiar el actual sistema electoral donde ya no haya las consabidas reelecciones. Sin embargo (según Gonzalo Rivera) uno de los elementos clave que explicaría tal paradoja no estaría relacionado con las instituciones públicas en sí mismas sino con el alto grado de politización de los medios de comunicación capitalinos mayormente.
Es conocido y ya no es un secreto, la estrecha complicidad entre un sector de medios de comunicación y los intereses partidistas. Esto provoca que los quioscos contengan una oferta mediática con un elevado sectarismo político. Según un estudio de Antón Castromil, los periódicos claramente se alinean a un partido político a la hora de informar de la campaña electoral.
Las encuestas nos indican que hay distintos grupos, distintas opiniones sobre la corrupción, pero todos tienen en común la sensación de la impotencia, de que nada se puede hacer. El papel de la prensa en la lucha contra la corrupción, es crucial.
Eliminar la corrupción en forma total y absoluta, es prácticamente imposible, pero avanzar en gran medida sobre la misma es la tarea inmediata, teniendo siempre en mente que lo ideal sería eliminarla del todo.
Superar la situación que atraviesa el país inmerso en la corrupción generalizada es tarea de medios y periodistas con mano blanca. Al menos de quienes sigan creyendo que la información de calidad tiene futuro como función pública, profesión con ética, aunque se tenga de por medio la digitalización y la lA.
