Nelson Pereyra | Larga duración
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Nuestro patrimonio se encuentra desprotegido y al borde de la destrucción. Sitios arqueológicos, edificaciones coloniales, monumentos republicanos y documentos históricos son, con alarmante frecuencia, devastados, perdiéndose para siempre fragmentos irrecuperables de nuestra historia.
La Constitución establece que es deber del Estado proteger el patrimonio cultural de la Nación y fomentar la participación del sector privado en su conservación, restauración, exhibición y difusión. Sin embargo, el propio Estado hace poco —o nada— por cumplir este mandato. Por el contrario, su inoperancia y desidia parecen alentar la depredación de nuestros bienes arqueológicos, históricos y culturales. Una prueba elocuente de ello es el reciente caso de las líneas de Nazca, que ha generado indignación tanto a nivel nacional como internacional.
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Mediante una Resolución Viceministerial, el Ministerio de Cultura redujo recientemente el área protegida de las líneas de Nazca —los célebres geoglifos trazados por la cultura Nazca entre los siglos II a.C. y VI d.C.— en 2,400 km². La medida se justificó con criterios técnicos aplicados en otros sitios arqueológicos y con el supuesto objetivo de una mejor protección del lugar. No obstante, es de conocimiento público que esta decisión guarda relación con la expansión de la minería ilegal en zonas adyacentes a las líneas. Según informó el diario «El Comercio» (10/06/2025), existen 728 solicitudes de derechos mineros en trámite en esa área, muchas de ellas alentadas por la ampliación del REINFO promovida por el actual gobierno. Si estas explotaciones se concretan, los explosivos usados para abrir socavones y extraer minerales pondrían en grave riesgo este sitio arqueológico, reconocido no solo como patrimonio cultural de la Nación, sino también de la humanidad.
Al liberar el 42 % del área previamente protegida, el Ministerio de Cultura se convierte en una institución disfuncional, que indirectamente favorece a una minería informal que ni contribuye al Estado ni respeta el entorno en el que opera. Con esta decisión, los funcionarios del Ministerio —quienes constituyen el cuerpo administrativo que debe mediar entre la autoridad estatal y los ciudadanos— incumplen la Constitución y desatienden la protección de un patrimonio que pertenece a todos los peruanos, en tanto es herencia común de nuestros ancestros.
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Pero este atentado institucional coincide también con una preocupante indiferencia social hacia nuestro patrimonio. En una época marcada por las tecnologías de la información y la comunicación, la sociedad parece desvincularse del pasado, al considerarlo irrelevante o “antediluviano”. Así como los mineros reciben el guiño del Estado para operar en zonas patrimoniales, algunos ciudadanos aprovechan la inacción estatal para destruir casonas coloniales o republicanas y sustituirlas por edificaciones “funcionales”, creyendo erróneamente que esto contribuye a la modernización. Esta situación se repite, por ejemplo, en Ayacucho, donde varias edificaciones históricas han sido demolidas con la aprobación —o al menos la indiferencia— de las autoridades locales.
La destrucción de nuestro patrimonio no contribuye a la modernización de la sociedad; por el contrario, erosiona los fundamentos históricos y culturales sobre los cuales debería construirse la nación moderna. Atentar contra nuestro patrimonio es, en esencia, atentar contra nuestra historia. Jorge Basadre advirtió que destruir la historia equivale a condenarnos a repetir, una y otra vez, los errores del pasado, en detrimento del porvenir. Por ello, más allá de lo deplorable del hecho, resulta inconcebible que en medio de este despropósito se sitúe un Estado disfuncional que no cumple con su rol esencial.
Es hora de tomar conciencia. De romper con el ciclo que nos mantiene anclados a una crisis permanente, que enturbia el presente y nos impide imaginar el futuro. Una crisis que demuestra, con dolorosa claridad, que no solo no aprendemos del pasado, sino que lo estamos destruyendo material y activamente.
