La dictadura muestra cada vez más su rostro. La defensa de los ciudadanos, especialmente de a pie, que encontraron en las organizaciones no gubernamentales (ONG) desde la década de los 80’ el apoyo para demandar al estado peruano en el caso de violación de los derechos humanos, está en peligro: ya nadie podrá defenderse de los abusos que cometa el estado contra las personas.
Esto no ocurre en un país donde la democracia funciona y donde el ciudadano puede recurrir a instancias internacionales, cuando ve que sus derechos son vulnerados. Bajo el argumento de la “independencia” del país, se quiere vulnerar los derechos de los ciudadanos a demandar al estado ante entidades internacionales, ya que el ciudadano promedio, o las organizaciones ciudadanas no cuentan con los recursos que significarían una demanda de este tipo.
Por esta razón, son organizaciones internacionales, tanto religiosas como la iglesia católica a través de Cáritas, como otras iglesias y organizaciones humanitarias, las que ayudan a estas víctimas a denunciar los abusos del estado, lo hacen a través de las ONG. En el caso de derechos humanos, están Amnistía Internacional (AI) con presencia en Naciones Unidas, y en el Perú tenemos a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y sus miembros como la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL), entre otras.
Primero fue una ley dada por este congreso, disponiendo que APCI -Agencia Peruana de Cooperación Internacional, supervise en que se gastan los recursos que las instituciones cooperantes en derechos humanos envían al país. En esa ley ya se manifiesta que el APCI impedirá que se utilicen recursos, para que las víctimas de violaciones a sus derechos humanos demanden al estado.
Estos fondos humanitarios llegan justamente para apoyar a las víctimas, como ha sido en los casos Barrios Altos y La Cantuta, entre otros, que demandaron al estado para que se sancione a los responsables de ambas matanzas. No se hubieran podido sostener el juicio y las demandas ante la CIDH, sin el apoyo de estos fondos humanitarios.
No conforme con esta ley, ha emitido la dictadura el reglamento de la misma, donde precisa las multas que se harán acreedoras las ONG que apoyen a los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos. El objetivo es claro: no podrán denunciar al gobierno de Dina Boluarte por los crímenes ocurridos en los tres primeros meses de su gobierno.
