Antonio Camborda | Desde Carolina del Norte, USA
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El gobierno de Donald Trump ha convertido la administración pública de Estados Unidos en una gran empresa. El encargado de administrar el país es Elon Musk, el hombre más rico del mundo, y quien, sin ser ciudadano originario del país del Tío Sam, tiene control absoluto sobre la burocracia y el gasto público.
Trump ha creado un organismo cuyo nombre es Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en ingles), y es un ente estatal que está, por lo que se ve, por encima de todas las secretarías (Ministerios) que forman el gobierno.
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En una de las sesiones de los titulares de las secretarías del gobierno en la Casa Blanca se le escuchó decir a Trump que quien no estuviera de acuerdo con Musk, podría dejar el cargo.
Lo paradójico es que el DOGE no ha sido creado por ley, su creación no ha sido debatida en el Congreso, y el “jefe” de ese organismo ha sido impuesto por Trump, sin que el titular haya tenido que ser evaluado por el Congreso y su propuesta haber sido aprobada tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado.
Porque, de haberse seguido ese procedimiento, el Congreso habría cuestionado al propuesto Elon Musk, porque, para ser funcionario del gobierno debería ser ciudadano nacido en Estados Unidos, y él no lo es, porque él ha nacido en Sudáfrica, y ha recibido la ciudadanía norteamericana, como muchos otros inmigrantes que ingresaron al país con visa de inversionista.
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Lo primero que hizo Musk y un grupito de jovenzuelos de una de sus compañías al tomar las riendas de DOGE fue despedir a miles de empleados de la Administración de Veteranos, a miles de servidores del Seguro Social, acceder a la administración de los fondos del Tesoro, revisar los presupuestos del Estado y recortarlos. Y sigue despidiendo a funcionarios con más de 20 años de servicios.
Y también ha despedido a los más altos oficiales del Pentágono, la sede en que despachan los más altos mandos del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea, y la Guardia Nacional.
También ha desmantelado el FBI, el Servicio Secreto y la CIA, buscando a los servidores de esos organismos que investigaron a Trump y permitieron sentarlo en la silla de los acusados, y, por lo menos, en uno de los procesos pagar millones de dólares, por reparación civil a la agraviada y, en otro de los casos, ser sentenciado.
Nadie le reclama a Trump y nadie cuestiona a Musk, porque tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el partido Republicano tiene mayoría absoluta.
Algunos jueces han dictado sentencias para parar algunas de las arbitrariedades de Trump, pero todavía nadie ha querido denunciar las claras violaciones constitucionales, porque, muchos están convencidos de que Trump y Musk serán respaldados por la Corte Suprema, pues la mayoría de este cuerpo colegiado fue nombrada por el actual mandatario Trump en su primer gobierno.
He escuchado comentarios de gente muy enterada de la política estadounidense que afirman que como Musk aportó 270 millones de dólares para la campaña de Trump, ahora está cobrando esa inversión con acceso a la documentación secreta de muchos hombres de negocios, de las grandes empresas y bancos, información de primera mano para controlar a las empresas y a los dueños y, con el correr del tiempo, ir apoderándose de las grandes compañías a las que podrá chantajear a su regalada gana.
