De la misma forma, en los compromisos asumidos en la cuarta política de estado del acuerdo nacional, con referencia a la Institucionalización del dialogo y la concertación, señala, promover y afianzar la cultura del diálogo y concertación, institucionalizar los canales y mecanismos de participación ciudadana y la obligación de institucionalizar la concertación en los procesos de prospectiva nacional, presupuestando y planificando estratégicamente.
El caso es que, debemos asumir como propios los principios fundamentales de la participación ciudadana y entender su importancia en la incidencia política; crear oportunidades para aumentar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones y la influenza de estos en los diferentes niveles de gobierno, debe ser parte de la estrategia para promover la efectividad del desarrollo local o regional. Para esto se debe promover la accesibilidad a la información y la obligación de transparencia y mecanismos para rendir cuentas ante los ciudadanos.
Este es un reto como estado, ampliar el rol de la ciudadanía para influir en las políticas y en la toma de decisiones para un equilibrio de poder apropiado entre los ciudadanos y los niveles de gobierno, con mejores decisiones sobre la asignación de recursos y la determinación de prioridades para un verdadero desarrollo.
Empero, mientras el desarrollo se asocie a una mayor fragmentación y erosión social y una perdida de lazos estables dentro del tejido social, no podremos exigir una participación plena y responsable de la ciudadanía dentro de la sociedad civil y la cosa publica.
Para esto se requiere que los indicadores de brecha que incluyen los factores de: ingreso y pobreza, de empleo, de educación, de salud, de vivienda, de pensiones y de brecha digital; acompañados por los indicadores de pertenencia cuyo factores son: el multiculturalismo, confianza en las personas, confianza en las instituciones participación, expectativas respecto del futuro, valores y normas compartidas, nos muestren y ayuden a comprender la realidad social para proponer un pacto y celebrar un contrato de cohesión social, que consideraran sinergias entre las interacciones políticas, la disponibilidad de recursos y la gobernabilidad.
Este contrato legitimará a la cohesión social como objeto de las políticas publicas que contribuye a definir el papel de las instituciones para promover y lograr el bienestar social y la creación de las condiciones políticas, jurídicas e instituciones necesarias.
Solo así podrán participar los sectores que han sido marginados o excluidos de los mecanismos del dialogo institucional, en este sentido, un pacto de cohesión social en el Perú, se vinculará con la afirmación del estado de derecho, que es la plataforma de la gobernabilidad y que vela por una adecuada incorporación de intereses sociales y la instauración de redes de responsabilidad social y rendición de cuentas, para que la participación de lo publico y privado estén sujetos a controles apropiados y legalmente establecidos.
