Lo han puesto en la orden del día. No se trata de una mejora al sistema de colaboración eficaz, como ladinamente señalan los congresistas que defienden este proyecto de ley, sino de mecanismos para hacer imposible que los fiscales, que investigan los delitos de corrupción, involucren a altos funcionarios.
¿Y cuáles son esos mecanismos en marcha? El primer paso es recortar el tiempo que necesitan los fiscales para recoger las declaraciones de los colaboradores eficaces, tomando en consideración, que no es sencillo lograr que personas involucradas en un hecho de corrupción decidan dar su testimonio, el mismo que debe servir para presentar la denuncia penal contra los que dirigen estas organizaciones criminales.
Otro factor que han introducido, es amenazar con sancionar a los fiscales anticorrupción que informen sobre los avances de la investigación que tienen a su cargo, de manera especial los testimonios que permiten conocer hasta qué punto estuvieron implicados los altos funcionarios públicos.
Pero no sólo se busca callar la boca de los fiscales, jueces y procuradores del estado. Tras todo este tinglado, han colocado a los periodistas, quienes no podrán informar sobre los colaboradores eficaces y menos opinar sobre los casos en los que existan colaboradores eficaces.
Esto es una amenaza y violenta los derechos fundamentales contenidos en la Constitución Política del Perú, especialmente lo relacionado con los derechos de información y opinión, derechos fundamentales en toda democracia.
La prueba de que este proyecto de ley está orientado a dejar en la impunidad los delitos de corrupción, es que ha sido aprobado por unanimidad. Ninguno de los integrantes en la Comisión de Constitución ha observado algún artículo o se han abstenido.
Esto favorece a los jefes de los partidos políticos y a los ex presidentes, alcaldes y gobernadores regionales implicados en actos de corrupción, sean de derecha, izquierda o centro.
Se da cuando comienza el juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia y está a la espera el que se viene contra Keiko Fujimori y toda la cúpula de Fuerza Popular.
Hay por lo menos 40 casos de corrupción relacionados con el tema de Lava Jato, Odebrecht, el Club de la Construcción, todos estos en peligro de caerse si prospera el proyecto de ley, en el que están de acuerdo, los más visibles del momento: Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón.
