Las bancadas de la extrema derecha en el Congreso, con el apoyo de Perú Libre y la bancada Magisterial, en algunos temas, ser aprestan a capturar totalmente el ministerio público, utilizando para eso hasta 5 denuncias constitucionales contra la Fiscal de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos, el máximo órgano de gobierno de esta institución.
Cambiar a la Fiscal de la Nación y restituir a Patricia Benavides, es un objetivo claro de las bancadas que tienen congresistas con carpetas fiscales que se activaran en cuanto pierdan su inmunidad parlamentaria. Para esto, requieren que antes de que termine su mandato, estas investigaciones se archiven
Esta es una clara venganza de la derecha bruta y achorada que no ha capturado hasta el momento la fiscalía de la nación, que, junto con el Poder Judicial, todavía mantienen su independencia frente a los poderes fácticos que controlan desde bambalinas la política en el Perú.
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No es un secreto, y hay investigaciones, que demuestran la relación de estas organizaciones políticas -llamaríamos mejor, membresías y en algunos casos, organizaciones criminales- que están relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y la corrupción en la ejecución de obras públicas.
El congreso de la república funciona bajo el tinglado de Fuerza Popular -la bancada mayoritaria- y su alianza con Perú Libre, que se ha sometido vergonzosamente a los caprichos e Keiko Fujimori, traicionando a Pedro Castillo, para poner en su lugar a Dina Boluarte, que ha devenido en una marioneta de estas organizaciones corruptas que controlan el legislativo.
Dada la cantidad de denuncias contra la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza y los fiscales supremos Juan Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, es casi seguro que los cuatro serán inhabilitados, lo que llevará a una crisis al ministerio público. Los fiscales supremos serán reemplazados por fiscales provisionales, fácilmente manejables para que todas las leyes que han sido cuestionadas, sean cumplidas.
Entre estas leyes, está la que quita a la fiscalía de la investigación criminal y le entrega esta función a la policía, violando la Constitución Política del Perú, y la Ley Orgánica del Ministerio Público, que señala que es el ministerio público el que lidera y cumple con las investigaciones de actos criminales.
Por supuesto que esta última ley ha sido presentada por el ex marxista leninista y dirigente de Vanguardia Revolucionaria -casi comisario político bajo las órdenes de Javier Diez Canseco, Fernando Rospigliosi.
