El vocero de la ultraderecha en el fujimorismo —que ya es decir mucho—, Fernando Rospigliosi, ha declarado que el objetivo del Congreso, en este último año de gobierno, será “reorganizar” el Poder Judicial y el Ministerio Público, bajo el argumento de que en estas instituciones existen jueces y fiscales que “defienden los derechos humanos de los delincuentes” y “persiguen a los militares y policías que defienden la patria”.
Ni en los peores momentos de la dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos se había escuchado una amenaza tan abierta y grosera de intervención contra estos organismos, donde fiscales honestos y jueces probos han ejercido su deber de investigar a los corruptos en el poder y de no acatar leyes que favorecen la impunidad.
Estas declaraciones han generado indignación incluso dentro de sectores conservadores, pero ninguna ha alcanzado el nivel de agresividad del propio Rospigliosi, quien, desde la presidencia del Congreso, se siente con el poder de declarar una “reorganización” judicial para emprender una cacería de brujas y destituir a quienes no son del agrado de la señora K, la verdadera autócrata que mueve los hilos desde la sombra y utiliza a sus felipillos, como Rospigliosi, para ejecutar su voluntad.
El momento es crucial. Los colegios de abogados y organizaciones de magistrados a nivel continental han expresado su rechazo a las palabras del congresista, censurando el intento de politizar la justicia y subordinarla a intereses partidarios. Rospigliosi busca demostrar que es el rostro duro que el fascismo peruano necesita para liderar sus filas.
¿Qué hacer?
Es imprescindible que los medios que defendemos el Estado de derecho y la democracia denunciemos abiertamente estos avances autoritarios. Permanecer inmóviles frente al avance del fascismo sería una traición al pueblo peruano, que necesita un Poder Judicial y un Ministerio Público libres e independientes, capaces de perseguir el crimen venga de donde venga, incluso de las más altas esferas del poder.
Hoy, ese plan está en marcha. El Poder Judicial ha dispuesto el retorno de Delia Espinoza a la Fiscalía de la Nación y ha otorgado un plazo para que la Junta Nacional de Justicia cumpla con la orden de la Corte Suprema.
Ese podría ser el pretexto que busca Rospigliosi y la derecha autoritaria que domina el Congreso para justificar una intervención política en el sistema judicial.
En cuanto al Ministerio Público, el panorama es distinto: el actual fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas —investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto—, ya ha iniciado la purga de fiscales considerados “enemigos de la señora K”.
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