Los Comités de Autodefensa del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (CAD- Vraem) expresaron su rechazo a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que deja sin marco legal su existencia institucional, una decisión que podría poner en peligro su labor en la pacificación de esta zona.
A través de la sentencia 296-2024, emitida el 23 de septiembre de 2024, el Tribunal determinó que los CAD no deberían ser parte del sistema de seguridad ciudadana, desconociendo su reconocimiento legal como actores clave en la lucha contra la violencia en el Vraem.
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Bajo este escenario, los integrantes de los CAD Vraem no tardaron en alzar su voz y organizarse. El pasado 16 de marzo, realizaron una movilización en el distrito de Kimbiri- La Convención, como respuesta a las pretensiones de disolver estos comités, dejando claro que no están dispuestos a ceder ante la incertidumbre legal.
Durante la protesta, líderes de los CAD reiteraron su compromiso con la paz y el desarrollo de la región, destacando el impacto positivo de su trabajo en la pacificación de zonas históricamente afectadas por el narcotráfico y el terrorismo.
Los representantes de los comités enfatizaron que, aunque la sentencia del Tribunal Constitucional representa un obstáculo significativo, no cesarán en su labor de apoyo a las fuerzas del orden y a la comunidad.
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De igual manera, demandaron la creación de una nueva ley que les permita continuar con su misión de garantizar la seguridad y promover el desarrollo en el Vraem.
“La disolución de los CAD sería un retroceso para la pacificación del Vraem. Necesitamos un marco legal claro que nos permita seguir trabajando por la seguridad de nuestras comunidades”, señaló Jesús Palomino, miembro del CAD Kimbiri.
La situación genera incertidumbre entre las localidades y anexos que dependen de estos comités para la protección contra las amenazas de grupos subversivos y el narcotráfico.
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En esa línea, los CAD exigen al Congreso y al Ejecutivo una pronta solución que respalde su labor y asegure que la paz en el Vraem no se vea comprometida por decisiones judiciales que los excluyan del sistema de seguridad.
En tanto, las autoridades nacionales aún no han respondido formalmente a la demanda de este sector de la población, lo que deja abierta la posibilidad de nuevas protestas y movilizaciones en defensa de la existencia de estos comités, vitales para el equilibrio de seguridad en la selva.
De no ser escuchados refieren que llevará a cabo una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima para exigir al gobierno su reconocimiento, acciones que lo efectuarán en coordinación con otras bases.
