La congresista Margoth Palacios lanzó duras acusaciones contra el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien responsabilizó por una gestión marcada por la corrupción, negligencia en obras públicas y un supuesto blindaje político desde el Congreso. Sus declaraciones se dieron en una entrevista con el diario Jornada, tras la sesión descentralizada de la Comisión de Salud del Congreso de la República realizada en Ayacucho.
“La gestión de Wilfredo Oscorima es sinónimo de corrupción. No lo digo por decir, los informes de control muestran irregularidades en todas las obras de salud. Este señor actúa como si no le tuviera miedo a la Contraloría, y es entendible si el propio Congreso lo está blindando”, denunció Palacios.
Uno de los casos más críticos que mencionó es el del Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Llerena, actualmente en funcionamiento pero con graves fallas en su infraestructura. Según la congresista, el hospital presenta filtraciones de agua, techos que ceden y un deterioro visible pese a ser una obra reciente y millonaria.
“¿Cómo es posible que un hospital nuevo ya tenga techos colapsando, filtraciones y problemas estructurales? Esto no es solo ineficiencia, es negligencia y corrupción con nombre propio”, afirmó.
Palacios también acusó al Congreso de encubrir a Oscorima en medio del escándalo conocido como “Rolexgate”, donde el gobernador está implicado por la entrega de relojes de lujo a la presidenta Dina Boluarte.
“La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales lo blindó. Todos sabemos que hay vínculos con el fujimorismo, y esa podría ser la razón del encubrimiento. No se puede permitir que el Congreso se convierta en un escudo para autoridades cuestionadas”, sostuvo.
En respuesta, la parlamentaria anunció que presentará una nueva moción para que la Comisión de Salud del Congreso tenga facultades de Comisión Investigadora. Su objetivo: declarar en emergencia la salud pública de Ayacucho y destapar todas las irregularidades.
“Queremos investigar a fondo. Con facultades de comisión investigadora podremos acceder al secreto bancario, levantar comunicaciones y llegar hasta el fondo de este desastre que afecta directamente a la población”, explicó.
A nivel nacional, la denuncia vuelve a poner sobre la mesa el rol del Congreso en la protección de aliados políticos bajo investigación.
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