La ultima directiva dispuesta por el gobierno de Dina Boluarte, de poner fin a las diligencias de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, no sólo refuerza la impunidad, sino que busca que los familiares de las víctimas de detenciones arbitrarias, torturas y de ejecuciones no lleguen a recibir los restos de sus familiares desaparecidos.
Mientras eso se dispone en Lima, la presidenta del Perú está retornando de Roma, a donde asistió a la ceremonia de entronización del Papa León XIV, con quien tuvo, de acuerdo a informes, una audiencia privada.
Esta noticia tiene relevancia para Ayacucho, donde se denunciaron el 75% de los casos de desapariciones forzadas, especialmente en 1983, 1984 y 1985, años del gobierno de Fernando Belaunde Terry, y la zona de emergencia bajo responsabilidad de los generales E.P. Clemente Noel y Moral, Adrián Huamán Centeno y Wilfredo Mori Orzo.
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La mayoría de las detenciones fueron ejecutadas por personal militar, y el cuartel de Los Cabitos, así como las bases militares de Vilcashuamán, Cangallo, Pampa Cangallo, Huancapi y Totos, fueron centros de detención, torturas y ejecuciones extrajudiciales. De igual manera, esto sucedió con las bases de la marina en Huanta y Pichari.
Para el Grupo de Trabajo de la ONU, esta decisión del gobierno de Dina Boluarte, “al pretender establecer plazos para la investigación humanitaria, el proyecto incumple con los estándares internacionales de derechos humanos al no reconocer el carácter permanente del delito de desaparición forzada y la naturaleza continuada de la obligación de búsqueda de las personas desaparecidas”.
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En el Perú se han registrado 22.626 víctimas secuestradas entre 1980 y 2000. Hasta diciembre se habían encontrado los restos de 3,400 en exhumaciones en fosas clandestinas, donde fueron enterrados las víctimas de estas ejecuciones extrajudiciales. De más de 19 mil desaparecidos hasta ahora se desconoce el lugar donde fueron enterrados, porque el estado se niega a proporcionar o exigir a los responsables la ubicación de los lugares de entierro clandestino.
Entre estos lugares conocidos, figura La Hoyada en las inmediaciones del Cuartel de Los Cabitos. No se ha dispuesto la remoción de las losas deportivas de la escuela de Totos ni del estadio de Huanta, donde se supone fueron enterrados clandestinamente los ejecutados extrajudicialmente cuando es esos ambientes funcionaron una base del ejército y de la marina, respectivamente.
La actitud del gobierno de Dina Boluarte, es la impunidad para los perpetradores del conflicto armado interno y de las masacres de su gobierno.
