La situación de obras educativas sin liquidar en la región generó un cruce de posiciones entre la UGEL y el Gobierno Regional durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del periodo legislativo 2025, donde se expuso la persistencia de proyectos inconclusos y con observaciones técnicas.
El responsable de Infraestructura de la UGEL precisó que la entidad no es responsable de la ejecución ni del financiamiento de las obras educativas, señalando que la entrega formal de la infraestructura corresponde al Gobierno Regional, en su calidad de unidad ejecutora. Explicó que la UGEL solo recibe la transferencia para el registro de gastos, proceso que se ve limitado cuando los expedientes técnicos presentan observaciones.
Según indicó, uno de los principales problemas radica en expedientes mal elaborados, con presupuestos iniciales que no alcanzan durante la ejecución, lo que deriva en solicitudes de ampliación.
“Si el expediente fue aprobado por 10 millones, ¿por qué la obra termina costando 14 millones? A veces eso no se puede justificar”, sostuvo.
Advirtió además que recibir obras sin liquidación implicaría responsabilidades administrativas, especialmente ante eventuales acciones de control.
“Si viene la Contraloría, ¿Quién paga el plato roto?”, cuestionó.
En la misma sesión, la consejera regional Flor Nilda Cornejo Algoner remarcó que solo deben recepcionarse proyectos debidamente liquidados y en buen estado, alertando que en la provincia existen obras con más de cinco, ocho e incluso diez años sin cerrar, muchas de ellas ya deterioradas.
Cornejo explicó que mientras las inversiones permanezcan abiertas, no se puede gestionar presupuesto para mantenimiento o reparación, ya que el Ministerio de Educación no asigna recursos a proyectos no liquidados. En ese sentido, exhortó a los funcionarios a cerrar las inversiones pendientes para permitir nuevas gestiones y evitar mayores perjuicios al servicio educativo.
El intercambio evidenció una problemática estructural en la ejecución de obras públicas: sobrecostos, falta de liquidación y ausencia de responsabilidades claras, situación que termina afectando directamente a la comunidad educativa y a la población.
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