Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone eliminar el delito de feminicidio del Código Penal y reemplazarlo por la figura de “asesinato de la pareja”. La iniciativa ha generado reacciones inmediatas de rechazo entre familiares de víctimas, organizaciones feministas y colectivos de derechos humanos, que advierten un posible retroceso en la protección frente a la violencia de género.
La propuesta legislativa plantea limitar la tipificación de estos crímenes al ámbito de relaciones sentimentales. Sin embargo, diversas organizaciones sostienen que esta modificación excluiría a un amplio grupo de víctimas, ya que los feminicidios no solo son cometidos por parejas o exparejas, sino también por familiares, conocidos e incluso personas sin vínculo previo.
El colectivo de familiares de víctimas de feminicidio cuestionó la iniciativa y advirtió que reducir el delito a “asesinato de pareja” distorsiona la naturaleza de la violencia de género y debilita la respuesta del sistema de justicia. En esa misma línea, organizaciones de derechos humanos señalaron que la propuesta desconoce el carácter estructural de este tipo de violencia y podría generar escenarios de desprotección e impunidad.
Datos recientes refuerzan estas preocupaciones. En lo que va de 2026, se han registrado 38 casos de feminicidio y al menos 56 tentativas en el país. Además, estadísticas oficiales muestran que la mayoría de estos crímenes son perpetrados por parejas o exparejas, aunque también se presentan en otros contextos que quedarían fuera del alcance de la nueva figura penal.
Especialistas indican que la tipificación del feminicidio responde al reconocimiento de una violencia específica basada en razones de género. Señalan que equiparar estos casos con otros tipos de homicidio impediría identificar patrones, diseñar políticas públicas adecuadas y garantizar sanciones proporcionales.
Las organizaciones también advierten que la propuesta podría vulnerar el principio de no regresividad en derechos humanos, al eliminar una figura legal ya establecida para proteger a las mujeres frente a este tipo de violencia.
El debate se produce en un contexto en el que continúan registrándose asesinatos de mujeres en distintas regiones del país. Frente a ello, colectivos y especialistas demandan que cualquier reforma legal considere evidencia, garantice protección integral y evite reducir el alcance de los mecanismos existentes para enfrentar la violencia de género.
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