La nueva sanción del JEE Huamanga —amonestación pública y multa de 5 UIT por usar canales oficiales en plena contienda— no es un “error de comunicación”: confirma un hábito. Y en democracia, la costumbre de vulnerar la neutralidad es una forma de impunidad.
No es la primera vez. En octubre, el JNE ya había confirmado que el alcalde de Huamanga infringió normas de propaganda y neutralidad electoral. La línea es clara: estamos ante una conducta reiterada, no un desliz.
Aquí entra el Concejo. La Ley Orgánica de Municipalidades no solo faculta a los regidores a fiscalizar; también los hace responsables —individualmente— por actos violatorios de la ley en el ejercicio de sus funciones, y solidarios por acuerdos ilegales si no salvan su voto en acta. ¿Dónde están los pedidos, mociones y control político sostenido frente a una infracción que se repite?
El estándar aplicable no admite zonas grises: en periodo electoral rige la prohibición general de publicidad estatal, con excepciones estrictas por “impostergable necesidad o utilidad pública”. Difundir piezas desde plataformas municipales que puedan influir en el voto rompe ese cerco.
Quien insiste pese a saberlo, convierte la regla en decorado.
Hay, además, una cuestión ética que el expediente no resuelve: la reiteración sugiere embriaguez de poder, esa tentación de confundir “gestión” con “campaña”. Jorge Basadre habló de la “promesa de la vida peruana” y de sus estafas recurrentes; cada vez que la ley se usa como telón, esa promesa se devalúa. Víctor Andrés Belaúnde, desde otra orilla, sostuvo que la peruanidad exige una ética cívica concreta, no retórica. Y el liberalismo de Vargas Llosa recuerda lo obvio: Estado de derecho significa un gobierno sometido a la ley, no a su conveniencia comunicacional.
Los regidores no pueden seguir mirando al techo. Si hay “honradas excepciones”, que consten por escrito: pedidos formales, salvados de voto, comisiones de investigación, y exigencia de un protocolo de neutralidad con control previo. La inacción, en cambio, huele a contubernio. Y el costo lo paga la ciudadanía: recursos públicos usados como megáfono y una confianza cívica cada vez más delgada.
La corrección no es un hashtag. Es un Concejo que fiscaliza sin cálculo, un alcalde que deja de reincidir y una comunicación municipal que, en campaña, informa lo imprescindible y punto. De eso trata la neutralidad: de recordar que la ley está para limitar la tentación del poder, sobre todo cuando más apetece.
