Que una institución destinada a dictar leyes y proteger al Estado termine convertida en un ogro insaciable podría ser el argumento de un cuento de hadas. Pero no lo es. Ese monstruo existe y se llama Congreso de la República del Perú, una entidad que devora sin pudor el presupuesto del Estado peruano.
Así de simple. Lo que no hizo ningún Congreso en los 200 años de vida republicana lo hace uno que fue elegido e instalado, paradójicamente, el mismo día y año en que el país conmemoraba el bicentenario de su independencia, en una plaza de Lima.
Se encuentran en el último año de su representación y serán recordados como una gavilla de delincuentes que se aprovechó de un Ejecutivo incapaz de poner orden en un país cuya institucionalidad fue demolida durante el gobierno de Alberto Fujimori y que los gobiernos posteriores no tuvieron la capacidad —ni la intención— de reconstruir.
Este Congreso es la materialización de la informalidad del país y de la degradación de la política peruana. Así se explica que funcione como un Congreso delincuencial y desvergonzado, al que le importa un pito el rechazo ciudadano y no le preocupa que uno de cada diez peruanos lo repudie abiertamente.
En un país donde el sueldo mínimo vital ronda los mil soles, un congresista, sin hacer casi nada, gana 25 veces el salario de un trabajador honrado. Y eso sin contar los muertos y heridos que suelen salir de los presupuestos asignados a las regiones, especialmente cuando se trata de obras de infraestructura.
A ello se suman las bonificaciones por escolaridad, Fiestas Patrias y Navidad, la canasta navideña y los almuerzos cuando participan en comisiones de trabajo. Fácilmente se embolsican cerca de 300 mil soles anuales.
No se han quedado cortos en disfrutar de estos sueldos, que superan largamente a los de la mayoría de profesionales del país. Generosos con sus trabajadores —quienes ocupan cargos de confianza en sus despachos—, les han incrementado los salarios hasta el hartazgo y les han otorgado bonos en reconocimiento a su “productividad”. Generosos, claro está, porque muchos de estos empleados son militantes de sus propios partidos.
Estos y estas sinvergüenzas —reiterando que existen excepciones— ahora pretenden repetir el plato y postular a la reelección. Tienen la certeza de que el pueblo peruano, desmemoriado y casi masoquista, volverá a elegirlos para continuar con las tropelías que cometen y luego convierten en leyes para asegurar su impunidad.
Por eso la duda, tomada del carnaval ayacuchano, resuena con fuerza: esta democracia es una vergüenza.
