Mario Zenitagoya | Otra Mirada
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La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en Perú rechaza vehementemente la ley de amnistía para militares y policías, calificándola de una afrenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y un acto que contraviene las obligaciones internacionales del país, según declaraciones de organizaciones como BBC y UN News. La CNDDHH denuncia que la norma, promulgada por la presidenta Dina Boluarte, permite perdonar delitos graves, incluidos crímenes de lesa humanidad, lo cual contraviene el derecho internacional, no procede para violaciones graves de derechos humanos, afectaría a 156 casos con sentencia firme y 600 procesos en curso, y podría generar responsabilidad internacional para el Estado peruano y los jueces que la apliquen.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos, ha alertado que la ley de amnistía contraviene directamente los compromisos internacionales de Perú, pues las normas internacionales prohíben amnistías para violaciones graves de derechos humanos.
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La CNDDHH ha criticado que la ley amnistía a personas que cometieron actos de violencia, incluyendo asesinatos, violaciones y actos criminales durante el conflicto armado interno, y ha señalado que esta medida afecta a las víctimas y sus familias, como es el caso de los afectados por la masacre de Accomarca.
La promulgación de esta ley, junto a otras decisiones del gobierno de Boluarte, ha llevado a la CNDDHH a afirmar que Perú se une a otros países que desafían el sistema interamericano de derechos humanos.
En un contundente pronunciamiento, el Episcopado peruano, junto a diócesis y vicariatos de todo el país, calificó la norma como un retroceso en materia de derechos humanos y una puerta abierta a la impunidad de delitos de lesa humanidad
El documento episcopal no escatima en señalar las implicaciones de la Ley de Amnistía, aprobada el 9 de julio de 2025 por el Congreso y promulgada por la presidenta Dina Boluarte. “Sin justicia no hay paz. De hecho, si no se respeta la justicia, se generan conflictos. Sin justicia, se consagra la ley del fuerte sobre el débil”, sentencia la carta.
Hagamos memoria. El conflicto armado interno (CAI) marcó una de las etapas más complejas de la historia del Perú. Según el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entre los años 1980 y 2000, tuvo lugar el período de violencia más intenso y prolongado de nuestra historia republicana. De acuerdo con la CVR, en esta etapa se volvieron a poner de relieve las profundas brechas socioeconómicas y políticas existentes en el país. La acción terrorista de Sendero causó la mayor parte de muertes durante la década de 1980 y los primeros años de la década del 90. Y se cometieron también, en coyunturas específicas del conflicto, graves violaciones a los derechos humanos por parte del Estado.
El Dr. Rolando Pérez (Departamento Académico de comunicaciones) señala “que la conservación de la memoria colectiva es una tarea pendiente en el país, fundamental para comprender lo que realmente ocurrió durante el conflicto armado interno y, con ello, alcanzar justicia para las y los deudos. Hay sectores que se resisten a caeptar y reconocer lo sucedido.
El informe de la CVR ha sido la base fundamental para este proceso, primero en la reconstrucción de los hechos históricos desde un enfoque de derechos humanos y segundo por configurar una memoria que había estado más de 20 años silenciada y ciertamente parcializada.
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El Alto Comisionado de la ONU Volker Turk para los Derechos Humanos afirmó que esa ley transgrede los estándares internacionales y es un retroceso en la búsqueda de justicia por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto peruano.
Según expertos en derechos humanos, las fuerzas de seguridad cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual y otras atrocidades que constituyen crímenes de guerra.
Además, las cifras de la Comisión de la Verdad y Reconciliación indica que en los 20 años de conflicto murieron unas 70.000 personas, al menos el 30% de ellas a manos de agentes del Estado, y más de 20.000 desaparecieron.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, por su parte, reporta que los tribunales peruanos han emitido sentencias en 150 casos y tienen pendientes más de 600.
