Andrés Solari | Palabras de un mudo
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Buscando en la página Web de la ANGR – Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, página que debiera ser un instrumento de pedagogía política regional pero está muy lejos de serlo por su escasa información. Quizás un deliberado desinterés de las Gerencias Regionales y de los Consejos Regionales, encontré un pronunciamiento de la Junta Directiva 2023 de la ANGR (no es un Acuerdo de su Asamblea) manifestando su preocupación por la reciente promulgación por insistencia de la ley 31973 el 11/01/2024,que modifica los artículos 29 y 33 de la ley de Forestal y Fauna Silvestre (ley 29763 – del 22/07/2011).
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Dicha modificatoria infringe artículos constitucionales que protegen los recursos naturales. La nueva ley anula la obligatoriedad de estudios de suelo para el cambio del uso de tierras forestales y a partir de esta anulación se producen infracciones e irregularidades que atentan contra la Constitución y la legislación forestal. Claramente la 31973 crea un régimen inconstitucional en donde se eliminan los instrumentos legales que permiten luchar contra la DEFORESTACIÓN y suspende la ZONIFICACIÓN FORESTAL, perdiéndose así una importante herramienta de gobernanza ambiental. El artículo 66° de la Constitución señala: ”… los recursos naturales renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento…”.
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Lo mismo señala la Ley Orgánica de aprovechamiento sostenible de recursos naturales. (ley 26821 – del 25/06/1997). Peligrosamente esta nueva ley oficializa la deforestación, pues permitirá que los bosques y tierras forestales puedan ser adjudicadas a propietarios particulares. Eso es absurdo.
Es como si compraras una porción del mar. Siguiendo el estilo del actual gobierno y gobiernos anteriores de este siglo (nacionales y regionales), esta cuestionada ley 31973 no siguió un proceso de consulta previa en el caso de los bosques, porque afecta derechos colectivos de los pueblos originarios, nativos o indígenas.
Como dice la especialista ambiental Lucila Pautrat Oyarzán: “….. la nueva ley busca formalizar un delito, una situación de irregularidades, de vulneraciones a la Constitución y a las normas ambientales…”.
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Incentiva la ocupación de inmensas zonas ambientales para dedicarlas a cultivos varios sin contar con estudios de suelo, autorización de cambio de uso, ni estudios de impacto ambiental. Favorece al gran capital, hará más fácil el tráfico ilegal de tierras, invasiones, adjudicaciones irregulares y delitos afines, violencia homicida contra dirigentes nativos e indígenas. Ya ha provocado la protesta de cuatro países: Inglaterra, Canadá, Bélgica y Alemania, reclamándonos que en el 2010 (cuando teníamos una deforestación de 75,000 anuales) en una reunión mundial sobre Cambio Climático, Perú se comprometió a una DEFORESTACION CERO para el 2021.Datos oficiales al 2024 nos dicen que la Deforestación peruana está actualmente en 150,000 has. anuales.
Trágico, paradójico, contradictorio. El 26/03/2024 JORNADA tituló premonitoriamente su editorial del día: ¿Adónde van los Gobiernos Regionales?. (Sería saludable releerlo). Allí hace un somero y sereno análisis de la inoperancia y debilidad representativa de los actuales GRs y toca algo que ya se está poniendo de moda: ..”para lograr mejores presupuestos los Gobernadores deben convertirse en voceros de la Presidencia de la República…” (es decir adulones).
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Por eso vemos a un grupo minoritario de Gobernadores discrepando públicamente con el gobierno central y otro mayoritariamente apoyándolo sin mayor fundamento. ¡Cuanta falta hace aplicar la legislación vigente para la capacitación en fortalecimiento ciudadano y así evitar gradualmente la elección de autoridades deshonestas e incapaces en todos los niveles de la gestión pública!.
Eso nos está llevando sigilosamente a una degradación institucional pública y privada. Algo así como una deforestación de gente honesta. Con su inestable o indeciso caminar la ANGR está contradiciendo su propio pronunciamiento del 01/02/2023 en el que se autodefine como: “…una organización plural que promueve la prácticas de buen gobierno, la transparencia y la lucha contra la corrupción…”.
