La visita relámpago del presidente José Jerí al VRAEM —entrada y salida en el mismo día— volvió a desnudar la distancia entre el poder central y una de las zonas con mayores brechas del país. No hubo diálogo público con productores ni actas de compromisos; sí hubo imágenes en bases militares y discursos estándar. El propio reporte de recoge la queja recurrente: presencia simbólica, resultados inexistentes.
El guión oficial fue otro: el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez acompañó al mandatario para “resaltar la labor de las Fuerzas Armadas y la PNP” en el Comando Especial VRAEM. Es válido reconocer a las fuerzas del orden, pero reducir la visita a un circuito castrense es confundir seguridad con desarrollo. La señal que recibe la ciudadanía es inequívoca: prioridad para el sobrevuelo, no para la escucha.
El contraste se agrava con la promesa del propio Ejecutivo de que “cada visita regional culminará con un acuerdo ejecutivo”. ¿Cuál fue el acuerdo concreto para el VRAEM? ¿Qué metas y plazos se fijaron para carreteras, salud o comercialización de productos? No hay evidencia pública de actas ni cronograma posterior. La retórica llegó; la hoja de ruta, no.
Mientras tanto, la vida real insiste.
Ayacucho ha registrado 128 emergencias viales en lo que va del año por lluvias, huaicos y derrumbes; la conectividad hacia el VRAEM se resiente una y otra vez. Productoras locales —como el grupo de mujeres de Banan Flor— piden exactamente lo que la visita no atendió: vías transitables para vender más y mejor. Es difícil “cerrar brechas” cuando la carretera se cierra sola y la Presidencia apenas toma nota.
Incluso los parches muestran prioridades al revés: la habilitación provisional de la PE-28I en Chiquintirca avanzó porque una empresa privada decidió financiar el 100% del costo mientras el Estado se demoraba en la respuesta de emergencia. Si el puente entre el discurso y la acción lo paga TGP, el mensaje político es brutal: el Gobierno llega a la foto, no al kilómetro crítico.
Un último dato incomoda: en Ayacucho hay obras paralizadas que superan el anecdotario local y dibujan un patrón de ineficiencia. La Contraloría reporta cientos de proyectos detenidos en el país y un bolsón importante en la región. Si ni siquiera se activan los pendientes, ¿qué sentido tiene prometer “acuerdos ejecutivos” que mueren al despegar?
