Lalo Quiroz | El Partero
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A propósito del Día Internacional de la Educación, establecido el 24 de enero por la ONU, circularía hace unos días una noticia bastante pintoresca (aunque, la palabra sería alarmante); se trataría de una agente de la policía que habría mandado a hacer su tesis y al no quedar satisfecha con la misma, habría denunciado al prestador del ‘servicio’ ante INDECOPI. Este ente, quien curiosamente y normalmente suele arbitrar a favor de las empresas infractoras, le habría dado la razón a la indignada usuaria; aunque, en este caso, sus parámetros legales parecieran no avistar una doble infracción. Y es que, a final de cuentas, la falta de ética no es una infracción.
El concepto de tesis, un vocablo que proviene etimológicamente del griego thesis –que significa “proposición” o “algo presentado”—, se remonta históricamente a la antigua Grecia; el filósofo Aristóteles sería el primero en definirla como una suposición que desafiaría la opinión general, presentando argumentos para respaldarla. Estos primeros debates filosóficos, con el tiempo, se convertirían en disertaciones académicas con la aparición de las primeras universidades medievales en Europa; y, posteriormente, durante las épocas del Renacimiento y la Ilustración –e influenciados por los crecientes avances científicos— en Occidente, se consolidaría la tesis como un trabajo escrito de investigación con carácter de rigurosidad y originalidad. Así, a partir del siglo XIII, la presentación de una tesis sobre un tema del conocimiento y su defensa pública ante un jurado, se convertiría en el requisito obligatorio para obtener grados de maestría y doctorado, sentando las bases de la investigación académica. Esta tradición y exigencia académica, llegaría a América Latina a través de las primeras universidades de cuño colonial (como la UNAM, la UNMS o la UNSCH), estableciendo la tesis como un aspecto fundamental en la formación y la conclusión universitaria; cuyo propósito, además del desarrollo del pensamiento crítico y el aporte al conocimiento, debería servir para transformar nuestras sociedades y contribuir en el desarrollo de nuestros países. Hoy en día, muy poco de lo que sería uno de los pilares de la educación y del conocimiento, quedaría en pie.
El ascenso del modelo económico neoliberal, en nuestro caso su implantación e imposición allá por inicios de los años noventa, convertiría a la educación en un negocio rentable y lucrativo para el sector privado; y para que ello prospere, en contraparte, la conveniente y sistemática pauperización de la educación pública. Entonces, la educación –al igual que la salud o la vivienda—dejaría de ser un derecho, para convertirse en un ‘producto’ o ‘servicio’; y, asimismo, las instituciones educativas adquirirían la figura de empresas ‘prestadoras del servicio educativo’ y los estudiantes de ‘usuarios’ o ‘clientes’. En esos términos, se hablaría de educación de buena o mala ‘calidad’; al igual que, se habla de la calidad de cualquier producto. Es decir, del mismo modo que reconocemos la calidad de un par de zapatos por la calidad de los insumos que se usaron en su hechura; asimismo, la educación se valoraría por los ‘insumos’ –infraestructura y espacios adecuados, mobiliario, nivel de los docentes, tecnología educativa, entre otros— que conllevarían o contribuirían a la ‘calidad’ de la misma. Así, al entender que la educación había dejado de ser un derecho para convertirse en un ‘servicio’, se optaría por no exigirla; sino, por aceptar que la educación de ‘calidad’ sería privilegio sólo de algunos. De otro lado, y en correspondencia con la doctrina neoliberal, mientras las nuevas empresas educativas se desharían del componente humanista y el juicio crítico para enfocarse en el pragmatismo y el pensamiento cuasi tecnócrata; de igual modo, lo harían en la educación pública, pero, adornada por la precariedad, la improvisación y la burocracia apabullante.
Finalmente, este cambio de hoja de ruta de la educación en la mayoría de instituciones educativas de nivel superior del sector público y privado, culminaría consecuentemente en detrimento del sentido fundamental de la tesis; en donde, su fin primigenio y su trascendencia como aporte al conocimiento, quedaría reducido al mero cumplimiento para la obtención de un cartón. Lo cual, a su vez, en muchos casos sería avalado y sostenido por las propias instituciones educativas a través de redes que trafican –interna o externamente— con la fabricación de estas denominadas ´tesis’; y que, terminarían por significar un paso más en todo el proceso de comercialización de la educación y en el primer salto en la carrera de la ‘meritocracia’. Por ello, casos como el mencionado al inicio, no sorprenden; dado que, el sistema educativo ha normalizado estas prácticas. Y así, como en las mangas de producción en serie, se automatiza y estandariza cualquier producto; asimismo, en una línea de montaje continuo, se copia-se pega-se plagia-se falsifica. Así, si nadie se queja ante INDECOPI, se obtendrán selectos productos que –con pana y elegancia— irán a parar al file de algún candidato o de alguna magistrada. En síntesis.
