Las declaraciones del secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, no se pueden dejar pasar libremente, por el peligro que estas representan para la democracia en el Perú y en especial, el estado de derecho que debe regir la vida ciudadana.
En la entrevistada en Radio Programas del Perú, Galarreta propone un estado policiaco, entregando todo el poder a las fuerzas armadas en un eventual estado de emergencia, donde estos no puedan ser juzgados por los crímenes de lesa humanidad que se cometan, como son las ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzosas, torturas y otros.
Puso como ejemplo el comportamiento que tuvo el grupo Colina durante el gobierno de Alberto Fujimori, sin mencionarlo, pero que se desprende claramente de su intervención, destacamento responsable de la desaparición forzosa, posterior ejecución extrajudicial y ocultamiento de cadáveres, lamentando qué hayan sido juzgados en el fuero común.
Indicó, que los policías y militares no se atreven a actuar contra las bandas criminales, porque recuerdan que han sido juzgados dentro del fuero civil y han sido condenados a largos años de prisión.
Lo que no dice Galarreta, y ese es el pensamiento de Fuerza Popular, es que los militares y policías que fueron juzgados y sentenciados no son los que derrotaron a Sendero Luminoso, logrando la captura de Abimael Guzmán y la cúpula del senderismo, sino aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad.
Los otros que están en la cárcel, son que utilizaron la impunidad que significó el gobierno de Alberto Fujimori para saquear el estado, durante un periodo donde la corrupción estuvo legitimada, y de donde proviene ese dicho perverso, de que “no importa que robe, con tal que haga obra”.
Un estado de emergencia, como el que propone Fuerza Popular y lo puede decretar el actual gobierno, significaría el fin de las libertades democráticas en el país, y con el pretexto de enfrentar a las organizaciones criminales que asolan varias regiones, incluyendo Lima Metropolitana, disponer detenciones arbitrarias, que podrían terminar en desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales.
Esto es lo peligroso de la propuesta de Fuerza Popular, transmitida por su secretario general Luis Galarreta, frente a la cual, deberían pronunciarse los gremios sindicales, profesionales, estudiantiles y de manera especial, de las universidades públicas.
Sólo una clara definición de los temas que unen a los sectores democráticos, que conjuguen las propuestas de los diversos sectores de oposición a la dictadura que busca legitimar Fuerza Popular a través de Dina Boluarte, impedirá que retornemos a los años noventa.
