Por paradójico que parezca, un ministro peruano está en contra de su propio ministerio, o al menos de sus fines, objetivos y principios. Se trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de su titular, Juan Enrique Alcántara, quien anunció que se emitirá una opinión “a favor” de la ley que otorga amnistía a militares, policías y comités de autodefensa denunciados o procesados por delitos vinculados a la lucha contra el terrorismo.
Lo que el ministro no indica es que los procesados no están siendo juzgados por haber combatido al terrorismo en enfrentamientos con columnas senderistas o del MRTA, donde dieron muerte a subversivos. Los condenados, procesados o investigados son aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, es decir, crímenes contra la humanidad.
Manifestamos nuestra sorpresa porque, en su condición de abogado de un ministerio que lleva el nombre de Derechos Humanos, lo mínimo que podría haber hecho es presentar su renuncia ante las declaraciones de la presidenta Boluarte de retirar al Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, debió pronunciarse en contra de dichas declaraciones y asumir la misma postura que ha defendido públicamente la presidenta del Poder Judicial.
El Ministerio de Justicia tiene entre sus principios el “coraje moral”, definido como actuar con valentía y firmeza en la defensa de los derechos humanos. Asimismo, sostiene como fin “garantizar el respeto y protección de los derechos humanos”. Entre sus objetivos incluye la “formulación, coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas en materia de justicia y derechos humanos, así como la prevención y protección de defensores de derechos humanos”.
Todo esto queda en letra muerta con el actual ministro, ya que los denunciados o investigados cuentan con evidencias suficientes que indican la comisión de delitos de lesa humanidad como matanzas en Accomarca, Cayara, Putis, Barrios Altos, Pativilca, entre otros lugares principalmente en Ayacucho. También ejecuciones extrajudiciales en las llamadas caravanas de la muerte, como los detenidos en Chuschi y Quispillacta, ejecutados durante su traslado a bases militares. En bases como Totos y en el cuartel Los Cabitos se torturó a detenidos, causando la muerte a muchos, otros fueron ejecutados con un tiro en la cabeza, y sus restos están siendo exhumados de entierros clandestinos.
El crimen de mayor impacto es la desaparición forzada de personas. Son veinte mil las denuncias de personas detenidas en sus domicilios, centros de trabajo o en la calle, trasladadas en vehículos militares o camionetas sin placas, y en los centros de detención se negó información sobre su paradero.
Además, las mujeres detenidas fueron víctimas de “violencia sexual en manada”, es decir, violadas por varios agentes del Estado, desde soldados hasta oficiales, en bases militares y centros de tortura, como “la casa rosada” en Ayacucho.
En países donde se aplicó una amnistía parcial, como en casos de obediencia debida, se exigió también el arrepentimiento de los perpetradores y que pidieran perdón a las familias de las víctimas. Sin este paso no es posible conceder amnistía o indulto. En Perú, ni policías ni militares han pedido perdón por sus crímenes.
Por último, volvemos al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos. Como persona de derecho, abogado de profesión, con estudios de maestría y profesor universitario, lo más digno sería que renunciara, que dé un paso al costado y no manche su trayectoria profesional.
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