En primer lugar, la educación básica debería preparar a los estudiantes para continuar sus estudios superiores en los institutos técnicos o en las universidades. Pero no. La informalidad de nuestro país ha añadido un ciclo que no sirve para otra cosa que “preparar para ingresar a la universidad”.
Estas academias preuniversitarias surgieron cuando comenzó a crecer, en la década de los sesenta, la demanda de los egresados de secundaria para estudiar en las universidades porque no había otra alternativa para la movilidad social. El Estado no incremento los presupuestos a las universidades para que estas acojan a todos los egresados, como sucede en otros países latinoamericanos.
El resultado fue la creación de academias de preparación, que inicialmente fueron iniciativas de las federaciones de estudiantes y de las asociaciones de profesores de las propias universidades, con la finalidad de contribuir con los postulantes.
Es a partir de la década de los noventa, bajo el “reinado” de la dinastía trunca de los Fujimori-Montesinos, que se dicta la ley que convierte a la educación de un servicio en una industria, y, por tanto, en una actividad lucrativa. Es momento de devolver a la educación su compromiso social.
La nueva ley universitaria, que busca la excelencia en las universidades, sigue manteniendo ese criterio obtuso de los exámenes de admisión. Debe, por lo menos para las universidades públicas, aumentar sus presupuestos para ampliar las vacantes y organizar ciclos básicos o estudios generales, que den a los estudiantes la teoría y los instrumentos que les permita una exitosa carrera universitaria.
Y, además, convertir en los centros preuniversitarios de las universidades en verdaderos mecanismos para el ingreso directo a la universidad. Deberían convertirse en un ciclo “0”, es decir, anterior a los estudios universitarios, pero válido para la matricula en el ciclo básico o estudios generales de la universidad, una vez aprobado este nivel.
La ley universitaria actual ha creado un organismo interesante: la SUNEDU. Esta debería no sólo velar por la calidad dentro de la enseñanza universitaria, sino interesarse por los presupuestos que requieren las universidades públicas para que cumplan este cometido, y dentro de eso, los mecanismos para que puedan acoger a la mayor cantidad de jóvenes que egresan de la secundaria.
