El Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto dentro del cual se busca modificar el código penal para imputar el delito de disturbios al personal de prensa que informa sobre la represión policial y militar en las movilizaciones. La Comisión de Constitución del Congreso ha agendado para hoy su debate.
El Portal Wayka precisa de que el régimen de Dina Boluarte estaría intentando criminalizar la labor de las y los periodistas que cubren las protestas en su contra. «Un peligro», así ha sido calificado uno de los puntos que contiene el proyecto de ley 5632/2023-PE que el Ejecutivo ha enviado al Congreso como parte de su pedido de facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y otros.
En ese sentido, se estaría buscando modificar el Código Penal para sancionar a «instigadores del delito de disturbio» y luego de algunas líneas dicho documento señala a «comunicadores» como los «instigadores» que alientan estos delitos a través de medios de comunicación.
Según abogados penalistas este proyecto refleja un atentado contra el trabajo del reportero periodístico y contra la libertad de expresión.
«En este caso no solamente se incluye de forma general a funcionarios, sino a comunicadores, y ahí estarían incluidos periodistas y dueños de los medios de comunicación», mencionan.
Este proyecto es engañoso y peligroso ya que podría dar pie a que, si los periodistas informan sobre la protesta, esa mera información objetiva y veraz podría ser considerada como medio de instigación a pesar de que solo se está ejerciendo el rol periodístico.
Este proyecto ni define los parámetros de cómo y quién delimitaría la instigación y la transmisión de información. «Esto es inmiscuirse en el ejercicio de la profesión y limita la libertad de expresión. Es peligroso.
Se señala que este gobierno tiene tendencias autoritarias, eso se ha ido viendo durante este tiempo.
Conocedores de este tema manifiestan que se estarían buscando silenciar el rol de la prensa que cubre las manifestaciones y con ello acallar las potestas, en lugar de legislar sobre seguridad ciudadana que es lo importante.
Como no podía ser de otra manera, uno de los gremios periodísticos como es La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) indicó que este proyecto es grave al hacer una imputación directa, impondría restricciones informativas y afectaría derecho a información
El Consejo de la Prensa Peruana, mediante un comunicado, pidió que esta iniciativa sea removida.
El abogado y asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, advirtió que existe un “riesgo claro para el ejercicio de la libertad de expresión” en el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo al Congreso, a fin de modificar un inciso del Código Penal en materia de delitos contra la seguridad y tranquilidad pública.
Algo que también debe tomarse en cuenta sobre este tema, es que no solamente se incluye de forma general a funcionarios, sino a comunicadores, y ahí estarían incluidos periodistas y dueños de los medios de comunicación.
