Mario Zenitagoya | Otra Mirada
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“Muchas son las leyes en un estado corrompido” (Tácito)
Proética Capítulo Peruano de Transparency International, en su informe indica que el Perú registra su peor caída en el instrumento de medición global de Transparencia Internacional desde 2013.
El Índice de Percepciones de Corrupción (IPC) 2023, que evalúa qué tan corruptos son percibidos 180 países, fue presentado hoy por Transparencia Internacional a primera hora desde su sede en Berlín.
Perú ha registrado su caída anual más fuerte en el ranking global desde 2012 al bajar del puesto 101 al lugar 121, encontrándose ahora en el tercio inferior y compartiendo posición con Angola, Mongolia y Uzbekistán. Esto responde a una caída de tres puntos en el valor del índice respecto del año anterior: de 36 a 33.
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Las fuentes que alimentan este instrumento cubren un periodo de aproximadamente dos años; en el caso de Perú, desde 2022 hasta setiembre de 2023, con lo cual el valor registrado por Perú se habría visto afectado por los destapes de corrupción y conductas antiéticas de los gobiernos de Pedro Castillo y Dina Boluarte, así como de las decisiones del Congreso de la República que han acumulado contrarreformas, retrocesos en instrumentos anticorrupción, como la colaboración eficaz, y blindajes a congresistas cuestionados éticamente, entre otros.
Proética, organización que representa a Transparencia Internacional en Perú, considera que el resultado de nuestro país es muy preocupante y debería reforzar el sentido de urgencia para detener el deterioro institucional que se viene registrando durante los últimos años. Para ello, señaló que “es indispensable retomar las reformas, en particular las contrataciones del Estado y el fortalecimiento del marco institucional para la integridad pública y para asegurar la transparencia y el acceso a la información pública”.
Asimismo,es importante darle un mayor impulso a la implementación de reformas clave, como la modernización del servicio civil, sobre lo cual debiera haber un consenso nacional.
En una oportunidad la historiadora Carmen McEvoy, señaló que la corrupción devora la institucionalidad de la república y el tejido social, contribuyendo en gran parte, entre otras cosas, al crecimiento de la violencia cotidiana que no nos da tregua. Por ello, añadió que no debemos perder de vista que nos estamos jugando la reconstrucción del sentido mismo de república, que debiera tener como eje la ética en las decisiones sobre los asuntos públicos y retroalimentarse con el fortalecimiento de la ética en esferas domésticas y organizativas.
“Esta apuesta viene amenazada por muchos frentes, desde las coimas de siempre, grandes y pequeñas, hasta la irrupción de organizaciones criminales que capturan territorios, rutas de tráfico de mercancías ilícitas y agentes del Estado; por ello, el reto es enorme y nuestras autoridades tienen que estar a la altura”, sentenció.
Desde su creación en 1995, el IPC se ha convertido en el principal indicador mundial de corrupción en el sector público. A partir del año 2012 se reajustó la metodología para permitir su comparabilidad anual y poder darle seguimiento a la evolución de cada país.
El cálculo del índice se basa en la revisión y estandarización de datos de 13 fuentes externas generadas por instituciones multilaterales, fundaciones privadas y think tanks reconocidos globalmente, como el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, The Economist Intelligence Unit, la Fundación Bertelsmann, entre otras.
El IPC debe leerse de forma invertida; es decir, mientras mayor sea su valor (100), menor percepción de corrupción hay en un país. De la misma forma, mientras más se acerca al 0, significa que la corrupción es percibida como más fuerte.
En el contexto sudamericano, Perú se posiciona entre los países más corruptos, con 36 puntos en el Índice Global de Corrupción 2021, solo detrás de Bolivia y Venezuela.
Defensoría del Pueblo advierte incremento de 9 % de casos de corrupción en primer semestre de 2024.
