José Mallma | El diario de Polideo
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¿Es eficaz la medida del gobierno de decretar Estado de emergencia para combatir la delincuencia organizada que nos acecha?, ¿en qué medida ello ayuda a reducir la ola de inseguridad y crímenes que asola al país?, son cuestiones que el ciudadano de a pie se pregunta cuando ve en las noticias que se recurre otra vez a estos mecanismos y el poco sentido común de nuestras autoridades de enfrentar con estrategias innovadoras la desbordante criminalidad.
El estado de emergencia, constituye uno de los estados de excepción previstos en la Constitución, que consiste en limitar derechos constitucionales como la libertad de tránsito, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión, con la finalidad de hacer frente a situaciones de perturbación de la paz, el orden interno y catástrofes ocasionado por fenómenos naturales.
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Es decir, problemas excepcionales requieren soluciones similares y el gobierno busca actuar restringiendo las garantías constitucionales de los ciudadanos, lo que quiere decir muchas veces que “justos pagaremos por pecadores”.
Sin embargo, la sociedad podría tolerar como en efecto sucede esas medidas temporales, si luego de ello se lograría obtener resultados, en el caso concreto reducir la criminalidad organizada y restablecer la seguridad ciudadana.
La realidad demuestra que esas medidas son ineficaces y solo son utilizadas por calmar la opinión pública y malgastar recursos de manera impune.
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Además, el estado en emergencia es como poner en sobreaviso a la delincuencia, que los cuerpos de seguridad del Estado van a desplegar operativos destinados a dar con esas organizaciones y lo que va pasar es que en principio reducirán sus actividades en las zonas en estado de emergencia y van a trasladar sus actos ilícitos a otras fuentes ilegales hasta que se calme la marea.
Cuando hablamos de organizaciones criminales tenemos que entender que son como la Hidra de Lerna de la mitología griega, un solo cuerpo con múltiples cabezas, si cortamos uno, sobreviven con las otras, eso quiere decir, que no perciben sus ingresos ilícitos de una sola actividad, sino que están diseminados en múltiples facetas del hampa.
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Imagínense que pasaría si una Municipalidad antes de hacer un operativo para erradicar la informalidad comunica a los comerciantes que determinados días de la semana va llevar a cabo su plan de fiscalización, cuando acuda el personal de la municipalidad a esos comercios, no va encontrar ningún informal, eso significa, que la medida fue exitosa, desde luego que no, porque cuando los operativos cesen, volverá aparecer el comercio informal. Lo mismo ocurre con el estado de emergencia y las organizaciones criminales.
Si queremos resultados eficaces, se debe realizar labores de inteligencia con agentes encubiertos que identifiquen todas las cabezas de las hidras y rastrear sus tentáculos, los cuales llegan muchas veces hasta la política, la empresas fachadas que ayudan al lavado de activos y mandos policiales y subalternos que están en la planilla de esas organizaciones.
Desde luego, esa labor debe ser llevada a cabo por un departamento de la policía que no esté contaminada y una reforma de la justicia para enfrentar con penas disuasivas este fenómeno.
