Nelson Pereyra | Larga duración
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La crisis desatada por la delincuencia urbana y la incapacidad del gobierno para responder parecen haber menguado tras la salida de Juan José Santiváñez del Ministerio del Interior. En un fin de semana acelerado, una multitudinaria marcha exigió una pronta solución al problema. Entonces, el Congreso decidió censurar al cuestionado ministro. La presidenta aceptó la salida de Santiváñez y nominó a su sucesor. Sin embargo, la ola delictiva no se detiene y cada día cobra nuevas víctimas. La jornada concluyó con la convocatoria a elecciones generales para el 12 de abril del próximo año.
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El nuevo ministro, Julio Díaz Zulueta, asume un difícil encargo en un contexto de crisis política y desprestigio del gobierno. Aún no ha revelado cómo enfrentará el reto. Si carece de una estrategia integral que incluya, por un lado, un mejor equipamiento de la policía, operativos de inteligencia e infiltración en bandas organizadas para neutralizarlas y, por otro, la coordinación con el Legislativo, el Poder Judicial y el Ministerio Público para responder de forma eficaz a un crimen organizado transnacional, poco podrá hacer. En consecuencia, será prontamente cuestionado por una ciudadanía harta de la delincuencia y de la ineficacia del gobierno.
En medio de la marcha, la censura y la juramentación, la crisis institucional reaparece y nos recuerda la fragilidad de nuestro sistema político. Tras asumir el cargo, surgieron los primeros cuestionamientos a Díaz Zulueta por su historial. Según el portal Infobae, el nuevo ministro habría sido acusado de supuestos actos de corrupción durante su gestión como jefe de la macrorregión policial de Lambayeque y enfrentaría un presunto caso de pensión de alimentos. Además, habría pertenecido a Alianza para el Progreso (el partido de César Acuña) hasta 2023. Antes de jurar al cargo, se desempeñaba como viceministro de Seguridad Pública.
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Con este nombramiento, Boluarte simplemente traslada la responsabilidad de la seguridad ciudadana al segundo al mando del Ministerio del Interior. Esta decisión evidencia la limitada capacidad del régimen para reclutar a los mejores cuadros, un signo más de la descomposición de un gobierno en el que nadie confía y con el que pocos desean comprometerse.
A esto se suma que, en lo que va del actual gobierno (que inició el 28 de julio de 2021 con la juramentación de Pedro Castillo), ya son 13 los ministros del Interior, la mayoría con gestiones breves y sin el tiempo necesario para asentar un plan estructurado y de largo plazo en materia de seguridad ciudadana. La crisis institucional vuelve inestable lo que es urgente para el bienestar de la ciudadanía.
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El gobierno y los congresistas parecen no percatarse de la gravedad del hecho y su relación con la crisis institucional del país. La bancada de Renovación Popular propuso retirar al país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para establecer la pena de muerte. Como mencioné anteriormente, esta medida no es una solución efectiva, ya que implica la reforma de la Constitución y de las normas penales en un proceso prolongado. De establecerse la pena capital, la primera sentencia se dictaría en dos o tres años, un tiempo que una ciudadanía desesperada por soluciones inmediatas no está dispuesta a esperar. En lugar de promesas vagas, se requiere una estrategia integral que reduzca la criminalidad en el corto plazo.
El problema de fondo es nuestra precaria institucionalidad, socavada por los políticos que ya se preparan para las elecciones de 2026. Ojalá que la próxima contienda electoral sea la oportunidad para plantear soluciones reales y enfrentar las barreras que nos impiden ser una sociedad democrática, segura y bien representada.
