Lo más grave de Colcabamba es la velocidad con la que se intentó instalar una explicación que, apenas comenzaron las diligencias, empezó a caerse. Primero se habló de un enfrentamiento contra presuntos delincuentes vinculados al narcotráfico. Después llegaron los datos que cambiaron el encuadre: la Fiscalía abrió investigación preliminar contra ocho militares por presunto homicidio calificado, no se reportó hallazgo de armas ni droga en la camioneta intervenida y las pericias buscan establecer si hubo uso excesivo de la fuerza.
Lo peor es que se mantiene el prejuicio. En el VRAEM, demasiadas veces, vivir, transitar o simplemente aparecer en una carretera parece bastar para quedar bajo sospecha. Si el hecho hubiera ocurrido en otro corredor del país, la presunción de inocencia habría pesado más desde el primer momento. En cambio, el ciudadano del VRAEM ya enciende la sospecha de forma automática, por ser una zona históricamente asociada por el Estado y por parte del debate público al narcotráfico y a remanentes armados. Y ese automatismo no es neutral: es una forma de discriminación territorial y social.
El país tiene un cuestionable funcionamiento, si se trata de sus márgenes. El Perú lleva años reproduciendo una relación desigual con sus territorios rurales y andinos: primero los abandona, luego los teme, después los militariza y, finalmente, los explica desde el prejuicio. Esa lógica reaparece con especial fuerza en un contexto político donde la campaña de 2026 ha colocado la seguridad y la “mano dura” en el centro del debate nacional. Cuando el discurso de impunidad se vuelve rentable, el riesgo es que hechos como este no se lean con prudencia, sino con reflejos automáticos: si fue en el VRAEM, “algo habrán hecho”.
Ese es el fondo más inquietante. El Estado que está normalizando sus prejuicios, los está institucionalizando. Un Estado que comunica primero para justificarse y solo después corrige cuando la evidencia ya no le permite sostener la versión inicial. Un Estado que en ciertas zonas parece sentirse autorizado a aplicar estándares más laxos para verificar, distinguir o proteger. Y un Estado que todavía no entiende que el combate a las economías ilícitas no puede hacerse degradando los derechos de la población civil.
El VRAEM necesita seguridad, sí, pero no seguridad edificada sobre prejuicio. Necesita inteligencia seria, control fiscal inmediato, protocolos auditables y una política que trate a sus habitantes como ciudadanos plenos, no como sospechosos por defecto. Porque cuando el relato oficial se cae, pero el prejuicio sigue intacto, el problema ya no es solo un operativo fallido. Es un país que todavía no ha decidido si todos sus territorios merecen la misma verdad y la misma justicia.
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