Nelson Pereyra | Larga duración
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De manera sorpresiva, hace unos días fue destituido el historiador Manuel Burga Díaz de la dirección del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM), el museo dedicado a conmemorar la historia de la violencia política en el Perú. Esta decisión genera preocupación, ya que ocurre en un contexto de creciente polarización política, donde sectores radicales buscan imponer una interpretación maniquea de los trágicos acontecimientos de los años 80.
Manuel Burga Díaz asumió la dirección del LUM en 2018. Durante su gestión, no solo preservó una exposición museográfica centrada en las víctimas de la violencia, sino que consolidó al LUM como un centro de investigación para producir conocimiento sobre el conflicto armado interno e impulso una línea editorial para la publicación de testimonios de los deudos de las víctimas de la violencia.
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Por ejemplo, en 2022, bajo su liderazgo, el LUM publicó la colección “Narradores de la memoria”, que reúne valiosos testimonios. Entre ellos destacan el relato de Diana Jáuregui sobre el asesinato en 1984 de los pasajeros del Expreso Cabanino en Soras a manos de Sendero Luminoso y el testimonio de Julio Mendívil sobre el impacto personal y familiar de la masacre de los periodistas en Uchuraccay en 1983, entre los que estaba su hermano Jorge Mendívil.
Para ciertos grupos políticos, el LUM promueve una memoria parcial al no incluir en su narrativa las voces de quienes lucharon por la paz; es decir, las fuerzas del orden. Exigen, por tanto, que la muestra incluya la estrategia militar y policial que derrotó al terrorismo, revalorizando el rol de militares y policías en la lucha contra la subversión.
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Sin embargo, esta demanda pasa por alto la esencia de un museo de la memoria. A diferencia de otros muesos públicos que presentan narrativas oficiales de nuestra historia, el LUM es un espacio plural que busca conmemorar, dialogar y fomentar el aprendizaje a través de múltiples perspectivas sobre la violencia política. Su muestra incluye las voces de campesinos, pobladores urbanos y amazónicos, así como familiares de autoridades, militares y policías asesinados por el terrorismo. No acoge el testimonio de los subversivos porque promueve un juicio crítico y objetivo hacia los discursos violentistas que vulneran la integridad de las personas. Precisamente, la postura violentista de grupos como Sendero Luminoso o el MRTA ocasionó el conflicto armado de los años 80, tal como señala el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Convertir el LUM en un museo que promueva una narrativa oficial limitaría nuestra comprensión de un periodo histórico tan complejo como el de la violencia política. Este proceso tuvo distintas etapas y variados grados de afectación a lo largo del territorio nacional, que cualquier intento de simplificarlo a una única versión privaría a la sociedad de las herramientas necesarias para reflexionar y aprender del pasado.
Es de esperar que el nuevo director del LUM enriquezca el legado de Manuel Burga Díaz y preserve al museo como un espacio de encuentro, conmemoración y reflexión. Transformar esta institución en el portavoz de una visión parcial y radical sería un retroceso que nos alejaría del objetivo prioritario de recordar, en toda su complejidad, los hechos de los años 80 para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.
