Andrés Solari | Palabras de un mudo
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Aún continúa como secreto a voces que los Consejos Regionales, uno de los 03 Poderes del Estado Regional, permanece dependiente, prisionero del Poder Ejecutivo Regional, contrariando y perjudicando la autonomía que les señala la Ley de Gobiernos Regionales a los CRs.
Es decir, el Poder Legislativo Regional – CR y el Poder Participativo – CCR siguen sometidos a la voluntad política del Poder Ejecutivo Regional o de la Gobernación Regional de turno, con el consentimiento de los Alcaldes Provinciales y respectivos Regidores. Esa ilegalidad es otro de los síntomas de corrupción desde la gobernabilidad regional.
Irónicamente, nuestro Consejo Regional cuenta con un Reglamento Interno que, en coherencia con la ley vigente, es un Poder Regional con autonomía política, administrativa y presupuestal para cumplir con funciones legales similares a las de Congresistas: Fiscalizar, Legislar y Representar una facultad congresal de sus respectivas provincias.
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La postura de los Poderes Ejecutivos habidos en la Región ha hecho caso omiso de esta legislación regional vigente resistiéndose a su cumplimiento en clara desobediencia a la autoridad legal del Consejo Regional. En noviembre 2022, el Consejero saliente Dante Medina confirmó públicamente que toda la situación irregular antedicha permanecía impune y vigente.
Todo indica que si no se hacen rectificaciones oportunas sucederá lo mismo en el periodo 2026 -2031. Los defensores de DDHH aún no entienden la inmensa gravedad de esta perversa falla en nuestro sistema democrático.
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El 04 de julio 2022 JORNADA publicó un artículo tocando esta problemática. Informó que el 16/12/2020 el Consejo Regional de Ayacucho promulgó el Acuerdo Regional 171 – 2020 -CR reiterando su voluntad para superar obstáculos en nuestra gobernabilidad nacional y regional y promover el fortalecimiento de los Consejos Regionales con el reconocimiento e incorporación plenos de la Autonomía Presupuestal del Consejo Regional. Hasta la fecha dicho Acuerdo Regional 171-2020 es letra muerta en Ayacucho.
Es tarea de reivindicación del actual Consejo Regional. El autócrata Oscorima no va a hacerlo por nosotros. Aparte de ello, tal como se señaló JORNADA en julio 2022, aún están pendientes en el Congreso, desde el 2018 y 2019, 04 proyectos de ley o iniciativas legislativas referidas a modificaciones de la ley 27867 (Ley Orgánica de GRs) para mejorar la legislación que permita un desempeño más eficaz a los Consejos Regionales y una participación ciudadana estratégica, sistemática e institucionalizada.
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Es otra tarea de seguimiento que tienen que asumir tanto el actual Consejo Regional y nuestros tres Congresistas. Dos instituciones que directamente también son responsables de esta gran anomalía vigente son la Comisión de Descentralización del Congreso (no es Dina Boluarte) y la Secretaría de Descentralización de la Presidencia de la República. Ambas se han caracterizado por su mutismo cómplice desde el 2003.
Siempre se han coludido, unos más que otros, contra la descentralización del Estado peruano y con ello el debilitamiento paulatino y anémico en que se encuentra la democracia peruana. El actual Congreso de la República prosiguiendo su equivocada línea política en contra de la autonomía de instituciones públicas emblemáticas como el JNE, ONPE, Defensoría del Pueblo, Contraloría, ha dado indicadores recientes de querer influir desproporcionalmente en los Gobiernos Regionales.
Resulta que ahora quiere debatir un proyecto de ley para habilitar la vacancia de gobernadores y alcaldes en caso de que éstos incumplan con los pedidos de información provenientes de los congresistas.
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Quieren otorgarse el mismo derecho de fiscalización que hoy le niegan a los Consejos Regionales. Hay cosas más graves y urgentes que legislar, por ejemplo, el mejoramiento del sistema electoral, los procedimientos jurídicos para las denuncias sobre incumplimiento de la función orientadora y evaluadora de la PCM y la propia Comisión de Descentralización del Congreso.
Siempre hubo la necesidad de acudir en ciertos casos a la Interpelación por el Consejo Regional de los funcionarios de alto nivel en una Gobernación Regional, pero hasta ahora no hay una legislación nacional que aclare plenamente esa facultad. Parece ser que tendremos circo político para distraer a la ciudadanía por mucho rato erosionando a la democracia.
Intentan hacernos creer a los defensores de derechos humanos, a líderes de instituciones civiles, estudiantes de Derecho, Periodismo, etc. de que vivimos en democracia sólida y lo único que necesitamos es presupuesto para infraestructura social, parques y jardines para vivir tranquilos.
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Termino sugiriendo a nuestros actuales Consejeros Regionales que también le echen una lectura al Acuerdo Regional 006-2020-GRA-CR donde se describen detalladamente las fallas de gobernabilidad que intento aludir en la presente nota. JORNADA, del 09/9/24 nos informa que en la primera semana de setiembre 2024 el CR -Ay ha aprobado su nuevo Reglamento Interno, que entraría en vigencia en Enero 2025.
El actual fue promulgado en Enero 2012. Una vez publicado el Acuerdo Regional sabremos los fundamentos para dicho cambio y así tener una idea de la posibilidad de que esta vez sí exista una voluntad política de cumplir por parte del GRA.
