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Cuando las elecciones se convierten en campo de batalla | Opinión

Nelson Pereyra | Larga duración
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Hasta el momento, no contamos con los resultados oficiales de la primera vuelta presidencial; pero, los dos posibles contendores de Keiko Fujimori en el balotaje del 7 de junio están dispuestos a socavar lo que queda del proceso electoral si los resultados no los favorecen.

Las posiciones de Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez Palomino son ampliamente conocidas. El primero, cercano a la derecha más radical, propone una drástica reducción del tamaño del Estado; el segundo, apoyado por sectores de izquierda, impulsa una asamblea constituyente para modificar el capítulo económico de la Constitución. Sin embargo, ambos coinciden en cuestionar el proceso, sin mostrar ánimo de rectificación o consenso.

Por ejemplo, López Aliaga ha demandado nuevas elecciones, e incluso ha instado a una insurgencia popular, lo cual se aplica para la defensa del orden constitucional y no para los resultados electorales. Sánchez Palomino ha exigido el respeto a los votos de la sierra y la selva y ha advertido que, mediante movilizaciones populares, defenderá el resultado que lo favorezca. La incertidumbre y desconfianza de ambos candidatos se acrecientan por la demora en la entrega de los resultados oficiales —más de 5.000 actas han sido impugnadas y la justicia electoral tardará en resolverlas— y por los serios problemas que la ONPE y la empresa encargada del acarreo del material electoral han causado al proceso.

En verdad, ambas posturas forman parte de una tendencia histórica marcada por un “afán timbero” que ha empañado varias elecciones desde el siglo XIX. Según Carmen McEvoy, este “afán timbero” fue introducido por los caudillos militares quienes, en su afán de ejercer el poder político, instauraron prácticas de clientelismo y prebendismo, debilitando las ya frágiles bases del Estado y la institucionalidad electoral. Para la citada historiadora, la campaña electoral de 1871-1872 —que intentó ser interrumpida sin éxito por el golpe de estado de los hermanos Gutiérrez para preservar el militarismo— constituye un claro ejemplo de la perseverancia de una débil institucionalidad democrática frente a los intereses sectoriales y patrimonialistas. (El Comercio, 12/04/2026).

Otras campañas electorales del siglo XX también fueron deslucidas por los intereses sectoriales provenientes del poder. Por ejemplo, en las elecciones de 1936 se desconocieron los resultados que favorecían a Luis Antonio Eguiguren, lo que prolongó el gobierno dictatorial de Benavides por tres años; y en las elecciones de 1950 el presidente Odría fue el único candidato, ya que su régimen impidió la participación de su contendor Ernesto Montagne.

Sin embargo, en la coyuntura actual, el “afán timbero” parece provenir de sectores radicales que apoyan a postulantes que, a toda costa, buscan un resultado que les sea favorable. Esta tendencia forma parte de un fenómeno global, en el que el candidato perdedor —especialmente identificado con la extrema derecha— “patea el tablero” y hasta moviliza a sus seguidores para generar un golpe de Estado. Ejemplos recientes son el asalto al Capitolio en Estados Unidos en 2021, tras la derrota de Donald Trump, y los disturbios en Brasil en 2023, cuando Jair Bolsonaro no aceptó la victoria de Lula da Silva.

Por lo tanto, la tendencia que McEvoy identifica para el caso peruano forma parte de un proceso mayor marcado por el repliegue de la democracia y el retorno de posturas autoritarias. Nuestro país, con una institucionalidad débil y una crisis política permanente, está siendo severamente golpeado por esta tendencia. Los enfrentamientos radicales entre los partidarios de López Aliaga y Sánchez, que se desatan principalmente a través de las redes sociales, son una muestra clara de este proceso. Ante tal coyuntura, el Estado debe ponerse del lado de la democracia y garantizar elecciones limpias y transparentes cuyo resultado final sea aceptado por todos los actores políticos.

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