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Disputas democráticas e intereses | Opinión

Jesús Ospina | Símbolos y gestos
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Salvador Allende ganó las elecciones chilenas en 1970. Tres años después, antes de morir, dijo: “La historia es nuestra y la hacen los pueblos”. Murió a manos de la dictadura fascista de Augusto Pinochet apoyada por la Central Intelligence Agency-CIA-EEUU, y que asesinó más de 3 mil chilenos. Hoy, esa sentencia y experiencia democrática liberal, desarrollada desde el socialismo por Allende, cobra vitalidad en nuestro país. Veamos.

Hace 56 años, la democracia representativa burguesa permitió a los sectores populares y clase media chilena, entrar en la historia al lograr que Allende sea el primer marxista presidente. Allende, 1908-1973, ganó tras décadas de democracia chilena estable. Cofundador, del Partido Socialista en 1933, tenía amplia experiencia, pues fue diputado, ministro de Salud (1939) y cuatro veces senador antes de asumir la presidencia.

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No obstante, la extrema derecha, apoyada por el imperialismo norteamericano, saboteó su gobierno, e impuso la dictadura y el fascismo liderado por Pinochet, acabando, transitoriamente, con décadas de democracia representativa burguesa. Ello, porque la democracia se había convertido en un espacio para disputarle a los poderosos el control del Estado. La democracia permitió que los intereses de los de abajo dirijan el Estado.

En Perú, tras décadas de democracia representativa liberal con presencia del socialismo, se crearon las condiciones para la elección de Pedro Castillo el 2021, como candidato de un partido declarado marxista, y considerado de extrema izquierda. El discurso: no más pobres en un país rico; caló hondó. Desde allí, la historia democrática no la escriben sólo las élites oligárquicas, sino también los sectores populares.

Pero, a diferencia de Allende, Castillo carecía de experiencia de gestión pública, de capacidades técnicas para gobernar. Llegó con el partido Perú Libre, acusado de corrupción por la fiscalía, y con un líder carismático, Vladimir Cerrón, pero que luego se revelaría como un astuto gestor de intereses, aliándose con los partidos de extrema derecha para escapar de la justicia.

Este 2026, la historia democrática electoral de nuevo parecen escribirla los pueblos. Ello, a través de un llamado masivo ciudadano a no votar por los partidos del congreso, a los que perciben como un pacto mafioso. Se plantea exigir la derogación de normas señaladas como «leyes pro crimen». Así, estamos presenciando transformaciones en la forma de ejercer el poder democrático ciudadano, y cómo lograr cambios en el Estado.

De las calles a las urnas

Históricamente, la lucha social encontraba su punto más álgido y factible en las calles, a través de huelgas, paros y protestas. Incluso, la lucha democrática más importante del presente siglo, se dio con las protestas en las calles en diciembre 2022 y todo el 2023, por adelanto de elecciones. El asesinato trágico de 49 ciudadanos de manera injusta e ilegal, y hasta hoy impune, dejó una herida democrática.

En 1990 se inició el proceso de quiebre del paradigma donde un solo bando controlaba los mecanismos de poder y las instituciones públicas. Pero el fujimorismo se encargó de malgastarlo. Y desde el 2000 los sectores “caviares” vienen creando instituciones democráticas y meritocráticas, leyes contra el crimen, etc. Figuras como Delia Espinoza, representan esas reformas y lucha por una democracia basada en la legalidad.

Hoy ese espacio democrático de lucha se ha ampliado al campo electoral. El voto y los espacios de la democracia representativa son armas políticas y se enfrentan directamente al estatus quo. Es un espacio de disputa entre los intereses populares y los intereses de las oligarquías que controlan a los partidos conservadores, autoritarios, mercantilistas, racistas, y que dirigen los medios de comunicación tradicionales, para quienes la democracia ya no les es muy útil como antaño. De allí su autoritarismo.

Ello porque el terruqueo, las amenazas, la criminalización de las protestas para mantenerse en el poder durante los gobiernos de Boluarte y Jerí, despertaron una conciencia colectiva ciudadana, que irrumpe en el proceso electoral. Conceptos como “pacto mafioso”, y otros, se masifican, normalizan e institucionalizan en el debate público, siendo un indicador de madurez política.

Los sectores populares han conquistado un espacio político electoral, desarrollando una conciencia crítica que demanda una relación social más democrática, más justa, más humana y meritocrática. Nuevamente, la república, de manera cada vez más consciente y articulada, observa como la historia la escriben los de abajo. Podrán equivocarse, pero serán esos errores los que por fortuna los lleven, como quería Mariátegui, al socialismo.

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