Los delitos, las infracciones y las faltas son tolerados para quienes tiene los medios para comprar la conciencia de las autoridades, mientras algunos van a prisión preventiva por 36 meses por recaudar aportes de dos mil soles para las protestas populares, aquellos que donan miles y miles de soles a la policía no son investigados. Mientras que alguien que se detiene en una zona intangible son infraccionados, aquellas empresas que cierran calles para descargar sus mercancías o se apoderan de la vía pública no reciben ninguna amonestación.
Mientras que un emprendedor o trabajador independiente es perseguido por sus deudas tributarias, las grandes empresas son exoneradas o eximidas del pago de millonarias deudas al fisco por el Tribunal Constitucional.
Y cuando las humildes familias o comunidades ocupan terrenos sin títulos son desalojados por la justicia sin ninguna consideración, sin embargo, cuando los propietarios de casas de playas de exclusivos balnearios, cierran las vías públicas de acceso a las playas o se apoderan de la playa para su uso exclusivo, las autoridades se hacen de la vista gorda.
Por tanto vivimos en un país, donde estamos acostumbrados a tolerar, disimular y minimizar la falta de las personas o empresas con poder económico, pero a su vez exigimos todo el peso de la Ley para aquellos que no pueden defenderse.
Esta desigualdad es lo que hasta hoy mantiene latente el conflicto social en el país y que algunos grupos les interesa perpetuar para mantener sus privilegios.
Y como no hablar de la repartida de cargos públicos en el Estado, bajo una supuesta meritocracia de círculo social, donde pone la valla que les conviene y donde hacen uso de sus influencias y vínculos para perpetuarse en la administración pública, sino basta ver quien ocupan los cargo de miembros de consejos directos de distintas instituciones y como esas mismas personas van rotando de un institución a otra, pidiendo y pagando favores.
Según el máximo interprete de la constitución, vivimos en un Estado Constitucional de Derecho que se apoya sobre tres pilares jurídicos; a) la división de poder, por el cual se garantiza que el poder político no se concentre en un solo individuo y grupo de personas; b) la supremacía constitucional, donde la Constitución es la norma que prima sobre el ordenamiento jurídico y tiene fuerza normativa sobre los poderes y órganos del estado, así como los particulares, y; c) la vigencia y defensa de los derechos humanos, cuyo garante es el Estado y donde se busca el pleno goce de los derechos humanos a todos sus ciudadanos.
Sin embargo, si hacemos un rápido análisis de la concurrencia de esos elementos en el escenario actual, vamos a llegar a la conclusión a que el Congreso de la Republica con sus reformas constitucionales y leyes de interpretación auténtica abonado por los reciente fallos del Tribunal Constitucional han terminado por destruir el frágil equilibrio de poderes y con la Presidencia de Dina Boluarte, la derecha recalcitrante ha tomado las riendas del gobierno y el ejecutivo, copando también el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, y con tentativa de tomar los organismos electorales, en tal sentido no se puede hablar de un autentica división de poderes.
La supremacía constitucional también ha sido puesta en cuestión cuando se vulnera de forma flagrante con el D. Leg. 1544 la Constitución, a la par de limitar la soberanía popular al cerrar la puerta a un referéndum para que la población exprese su voluntad de la convocatoria a una asamblea constituyente.
Y por ultima que podemos decir de la defensa de los derechos humanos con más de 50 compatriotas asesinados por las fuerzas públicas en un claro ejemplo de violación sistemática de los derechos humanos con la venia de los organismos internacionales como la OEA y el Sistema Interamericano de Derecho Humanos totalmente inoperante.
