Desde el Congreso de la República, los partidos políticos no de oposición sino de destrucción, los grupos de poder económico y los medios de comunicación alineados a la derecha renuente a acatar la voluntad expresada en las urnas, viene tejiendo varios posibles escenarios para resolver el problema Castillo.
La vacancia o renuncia presidencial es sin duda una de ellas, pero dado los resultados de sus últimas asonadas que no han logrado desestabilizar socialmente al Poder Ejecutivo.
Se viene implementando la campaña de desacreditación en los medios de comunicación no solo del Presidente de la República sino de su círculo cercano, para manipular la opinión pública, sumado a ello la constante interpelación y censura de Ministros por el parlamento para quitar continuidad a la política de gobierno en las carteras ministeriales.
Pero ahora todas sus baterías apuntan hacia la primera Vicepresidenta de la Republica, Dina Boularte, saben que si rueda su cabeza, permitiría la sucesión constitucional directa hacia la Presidencia del Congreso de la Republica.
Quienes dirigen esta tentativa golpista no han aprendido las lecciones de nuestra historia reciente, que demuestran que el pueblo peruano rechaza la utilización del mecanismo de la vacancia para secundar un golpe de Estado parlamentarista, sino basta ver los tristes episodios en los que sumergió al país, la asunción de Merino “El breve”.
La sucesión constitucional es el orden establecido en la Constitución en que se asume la presidencia de la República por ausencia del primer mandatario o sus vicepresidentes, para evitar vacíos de poder.
No puede ser manipulado para que este devenga en alguien que conviene a los intereses del poder económico, sin embargo, existe equipos de asesores financiados que buscan lograr ese cometido.
La consigna es la misma, inhabilitar políticamente a la primera vicepresidencia y luego ir tras la envestidura presidencial, y con ello, garantizar la captura del poder.
Para ello, nos ocultan descaradamente cuestiones de interés público como el juicio oral a Keiko Fujimori por el caso Cocteles, sin embargo, sacan en primera plana las noticias sobre el sobrino de la vicepresidenta o que pidió un licencia como representante legal del Club Apurímac, lo que no tendría nada de irregular si darían cobertura con igualdad de trato tanto a los aciertos como los desaciertos del gobierno. Y no ocultaran o desinformarán a la opinión pública para orientarla a desaprobar las acciones del ejecutivo.
La reacción de la población, no se hace esperar y gran parte de ella, que no cree en la imparcialidad ni objetividad de los medios de comunicación hemos renunciado a verlos, escucharlo o leerlo, con lo que los consumidores ejercemos nuestro derecho de no consumir aquellos bienes o servicios dañinos para nuestra salud.
El plan del Congreso para dar un golpe de Estado, partiendo del siguiente escalón de la sucesión constitucional, está en marcha, pero tiene una cosa en contra el tiempo, porque en julio está próximo a vencer la gestión de la mesa directiva del Congreso de la Republica que tendrá que elegir a un nuevo presidente y con ello, quizás digamos “nadie sabe para quien trabaja”.
