Las palabras de Dina Boluarte durante su mensaje a la Nación por el aniversario patrio, donde lanzó una amenaza directa al Ministerio Público —en especial a Delia Espinoza, actual fiscal de la Nación— no fueron una simple intimidación. Dos días después, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró fundada la apelación de Patricia Benavides.
¿De qué se trata? Cuando la Junta Nacional de Justicia dispuso la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y, además, como fiscal de la Nación, el Ministerio Público solicitó una medida de suspensión. Argumentó que su retorno a la institución podría interferir en las investigaciones que se le siguen, constituyendo un “grave riesgo de reiteración delictiva si regresa al cargo”.
Uno de los principales cuestionamientos contra Patricia Benavides es su actuación en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”, así como el archivamiento de las investigaciones contra su hermana, Emma Benavides, por presuntos sobornos recibidos de narcotraficantes. Como se recuerda, un narcotraficante declaró que se le exigió —y pagó— una elevada suma en dólares.
La fiscal que investigaba a Emma Benavides fue retirada del caso y en su lugar se designó a otro fiscal, quien, sin conocer el fondo del expediente, ordenó su archivamiento. Posteriormente, la Junta Nacional de Justicia repuso a Emma Benavides, y la Corte Suprema la nombró presidenta de una sala.
Los argumentos de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se basan en los acuerdos del Congreso de la República. Sostienen que, debido a que Patricia Benavides ejercía el cargo de fiscal de la Nación, para ser investigada requiere que el Congreso inicie la indagación o autorice su procesamiento.
El Ministerio Público ha denunciado a Patricia Benavides ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero la denuncia fue rechazada y archivada. Por encima de lo que puedan resolver los magistrados de la Corte Suprema, prevalece la decisión del Congreso, que es la única entidad con facultades para levantar la protección constitucional de altos funcionarios públicos, como quien ejerce el cargo de fiscal de la Nación.
Así es como regresa Patricia Benavides. Y con ella, todo lo que se conoció durante su gestión: el hostigamiento a fiscales que investigan casos de corrupción, especialmente aquellos vinculados a altos funcionarios del Apra, a congresistas en funciones y, de manera particular, a Keiko Fujimori y Dina Boluarte.
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