Estamos avisados. El congreso del Perú ha ratificado en segunda votación, que los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno por agentes del estado queden impunes y que incluso, quienes han sido condenados por haber cometido estos actos de crueldad extrema, salgan libres de las cárceles.
Con esta decisión, en la práctica, el Perú está renunciando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que podría acarrear sanciones al estado peruano.
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El Perú ha suscrito varios documentos que ratifican nuestra pertenencia, como Estado, a organismos que respetan los derechos humanos, instituciones que vigilan que los estados sean respetuosos de los mismos, y que tienen carácter de ley y obligatoriedad de cumplimiento.
La misma constitución política del Perú, en lo referente a los derechos humanos, precisa que el estado se compromete a su respeto y cumplimiento. Este acuerdo para promulgar esta ley de amnistía, abrirá las puertas al grupo Colina, que es uno de los casos más emblemáticos que se ha ventilado en los tribunales peruanos y ha terminado sancionando a los autores de crímenes de lesa humanidad a prisión.
Por supuesto, también favorece a Vladimiro Montesinos, que está por cumplir los años de carcelería impuesta.
Esta ley es una afrenta contra la memoria histórica del país y abre las puertas para la repetición de actos contrarios a los derechos humanos. Ya lo hemos visto, de manera experimental en los sucesos de Ayacucho, Andahuaylas, Juliaca, Puno, Pichanaki y Cuzco en los primeros meses del gobierno de Dina Boluarte.
Ya no interesa saber quienes han votado a favor de esta ley de amnistía. Es esa derecha bruta y achorada, que como sus mentores en el extranjero -llámese Vox en España- son racistas, clasistas, discriminadores y supremacistas y para ellos, las matanzas que han ocurrido en Cayara, Accomarca, Putis, están justificadas.
Crímenes como como la desaparición de más de veinte mil peruanos que fueron detenidos por la policía, el ejército y la marina, llevados a cuarteles o bases militares convertidas en lugares de tortura y detención, y posteriormente ejecutados extrajudicialmente. Estos crímenes quedarán impunes.
¡Nunca más! Fue el lema que el pueblo peruano, los familiares de las víctimas, tanto de los agentes del estado como de los grupos subversivos, hizo suyo, porque el país requiere que se haga justicia, se sancione a los perpetradores de estos crímenes de lesa humanidad.
