Porque para los ilustres consejeros del gobierno regional de Ayacucho, el Covid 19 no existe y la norma que impide las clases presenciales y semipresenciales son cuentos chinos. Por eso, alegremente, acordaron “autorizar que las academias funcionen”, lo que significa asistencia de jóvenes a las clases en aulas cerradas.
¿No saben que las leyes que dicta el gobierno nacional las deben acatar los gobiernos regionales? ¿No les han explicado que el Perú es un país unitario y no es federal? ¿Distinguen los consejeros regionales la diferencia entre países unitarios con países federales? Por las decisiones que toman, parece que son ignorantes en estos temas.
Personas que ignoran algo tan elemental ¿Cómo pueden haber sido elegidos como consejeros regionales? Ha tenido que intervenir la Defensoría del Pueblo, en protección a la vida y la salud de los jóvenes estudiantes y sus familias, para que den marcha atrás de un acuerdo, que de por sí, ya es un delito, porque contraviene una norma de carácter nacional.
Ya está hecho el daño. Hay academias que aprovecharon de esta autorización y comenzaron a matricular y los jóvenes comenzaron a recibir clases presenciales.
Toca a las autoridades pertinentes, en este caso el Ministerio Público, investigar que academias funcionaron, tener el nombre de los estudiantes que asistieron a clases, porque tiene que hacerse un seguimiento de estos jóvenes, ante la posibilidad de que se hayan contagiado y contagien a sus familiares, especialmente si en sus casas viven personas vulnerables.
Esperamos que no ocurra, pero sería lamentable que se den casos de contagios graves e incluso hasta mortales de algunas personas, cuyos portadores del virus fueron esos jóvenes que asistieron a clases, con la seguridad de que la apertura ya no significaba un peligro, porque fueron autorizados por los “sabios consejeros”.
No se puede ser tan irresponsable con la salud de las personas. No se requiere tener título universitario, maestría o doctorado, sino un mínimo de criterio común para darse cuenta, que vivimos una crisis sanitaria mundial y se han dictado las leyes para acatarlas y tienen vigencia en todo el territorio nacional.
