Mario Zenitagoya | Otra Mirada
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La data actual nos demuestra que más de seis millones de peruanos requieren atención médica relacionada a problemas de salud mental. Cerca del 20 % de habitantes de nuestro país padecería trastornos de depresión, ansiedad, estrés u otros más complejos que derivan en adicciones y episodios de violencia (MINSA, 2019).
Durante el primer trimestre de 2023 se incrementaron los problemas de salud mental hasta en un 64 % en las regiones afectadas por la presencia del ciclón Yaku y el Niño Costero, en comparación con el primer trimestre del año anterior.
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La salud mental es vital para las personas, puesto que un estado óptimo en ese ámbito se configura también como el marco más apropiado para el desarrollo personal y profesional de los individuos en sus entornos.
Estos son aspectos de estos tiempos que no son atendidos a través de políticas públicas que es responsabilidad del gobierno de turno.
Sin embargo, no podemos dejar de lado la memoria histórica respecto a lo que fueron los 20 años de violencia política que dejó cientos de muertos, entre asesinados o desparecidos o las masacres signos de violación a los derechos humanos.
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Las actuales políticas de salud, con un rostro más participativo, inclusivo y equitativo, han logrado establecer a la salud mental como una de las prioridades sanitarias a nivel nacional. La violencia política, presente durante veinte años en nuestro país, ha tenido un alto costo social, económico, moral y de salud; su impacto se evidencia hoy, no solo en la generación que afrontó el conflicto armado, sino también en las generaciones siguientes. Sentimientos de desconfianza, temor y desesperanza se imbrican con los proyectos de desarrollo y generación de capital social en las poblaciones rurales, mermando su bienestar y productividad desarrollo de su capital social.
Aún hoy, pobladoras y pobladores de zonas afectadas en el interior del Perú identifican a sus vecinos como aliados o colaboradores de acciones terroristas pasadas o represión cruenta, albergando sentimientos negativos, como el temor, rencor o venganza. Las víctimas denuncian impotentes la libertad impune de perpetradores que conviven en sus pueblos y, en algunos casos, postulan u ostentan un cargo público. El silencio y su búsqueda de justicia ante un débil o inexistente sistema legal local, no hace más que perpetuar su sufrimiento y transmitirlo como un legado ominoso a su siguiente generación.
En el 2003, el Estudio Epidemiológico en Salud Mental en Ayacucho encontró que, en la población general, entre 14,5 % y 41 % de las personas experimentaban con mucha frecuencia estados negativos, como tristeza, tensión, angustia, irritabilidad, preocupación o aburrimiento. Otro dato aún más preocupante fue el porcentaje de confianza nula o escasa experimentada hacia líderes de la comunidad o alcaldes (84 %), autoridades políticas (93,5 %), autoridades policiales y militares (79 %) y vecinos (65,5 %). Así mismo, 82 % y 59% de los encuestados refirieron no sentirse protegidos o poco protegidos por el Estado y su comunidad, respectivamente.
Se ha evidenciado, a través de las intervenciones en salud mental del Ministerio de Salud, que las medidas de reparación que buscan cubrir aspectos prioritariamente materiales no obtienen los resultados esperados en las comunidades. ¿Cómo pueden las medidas materiales lograr reparar la salud mental de las comunidades? ¿Cómo se puede esperar productividad en un grupo social emocionalmente afectado? El reconocimiento social por parte del Estado, veracidad, diálogo participativo, perdón y compensación sensible con el sufrimiento como comunidad, son acciones de mayor impacto en la salud mental colectiva e individual, influyendo directamente en la generación, regeneración o fortalecimiento de redes sociales y su consecuente desarrollo. (Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental).
¿Hay interés en los políticos o el actual gobierno por el Bien Común considerando la salud mental?
