Rudy Anyosa | Visión global
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Cuando Ayacucho necesita oportunidades para su desarrollo, existen personas que se oponen a todo; peor aún, no proponen ni sugieren alternativas de solución a los álgidos problemas que enfrenta la región, como la pobreza, el desempleo e la inseguridad. Uno de ellos es el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que, se erogándose la representación de la población ayacuchana, cuando sabemos que son un pequeño grupo de personas politizadas, toma decisiones sin consultar a nadie, salvo a ellos mismos. Ellos deciden qué político viene a Ayacucho y quién no, en base a sus preferencias partidarias, como si lo hubieran hecho consultando al “pueblo”.
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Ahora que vienen las elecciones para elegir al Presidente y representantes al Congreso, ya sea como senador o diputado, todos los políticos pueden venir a Ayacucho y plantear sus propuestas, cuanto más conoce la población sobre sus ofrecimientos, la gente se informa más y decide sabiamente a quién dar su voto. Eso es democracia, pero cuando yo, como ayacuchano, con sesgo político intolerante, solo acepto que mis correligionarios y gente que piensa igual que yo sean bienvenidos a Ayacucho, eso no es democracia, eso es el inicio de una dictadura que hace daño a la democracia y al desarrollo del país.
Es hora de decir basta a este tipo de dictadura gremial que no nace del pueblo sino de un pequeño grupo politizado que prioriza su agenda política, en desmedro del desarrollo de la región, especialmente de los más vulnerables, de los pobres y desempleados.
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Cuando Ayacucho clama por mayores oportunidades para su desarrollo, resulta preocupante que existan sectores que se oponen sistemáticamente a toda iniciativa, sin ofrecer alternativas viables frente a problemas estructurales como la pobreza, el desempleo y la inseguridad ciudadana. Más grave aún es cuando esta oposición se ejerce en nombre del “pueblo”, sin contar realmente con su respaldo.
Un ejemplo de ello es el denominado Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, que se arroga la representación de la ciudadanía ayacuchana, pese a que en la práctica responde a un reducido grupo de personas con una clara orientación político-partidaria. Sus decisiones no nacen de procesos de consulta ni de mecanismos democráticos, sino de acuerdos internos que excluyen a la mayoría de la población. Desde esa posición, pretenden decidir qué actores políticos pueden o no visitar la región, según afinidades ideológicas, como si tales decisiones hubieran sido avaladas por el conjunto del pueblo.
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En un contexto preelectoral, donde el país se prepara para elegir al próximo presidente y a sus representantes en el Congreso, senadores y diputados, resulta fundamental garantizar el libre ejercicio de la democracia. Todos los candidatos tienen el derecho de visitar Ayacucho, exponer sus propuestas y someterlas al escrutinio ciudadano. Cuanta más información tenga la población, mejores serán sus decisiones electorales. Ese es el principio básico de una democracia.
Pretender lo contrario, aceptar únicamente a quienes comparten una misma línea política y rechazar a quienes piensan distinto, no solo constituye un acto de intolerancia, sino que representa una peligrosa desviación autoritaria. Ese tipo de prácticas no fortalecen la democracia; por el contrario, la debilitan y obstaculizan el desarrollo regional y nacional.
Es momento de decir basta a esta suerte de “dictadura gremial” que no emana del sentir popular, sino de intereses políticos particulares. Ayacucho necesita apertura, diálogo y pluralidad de ideas para avanzar y ser parte del debate nacional para dirigir los destinos del país. El desarrollo de Ayacucho no puede seguir secuestrado por agendas ideológicas excluyentes. La región merece una democracia plena, donde la voz del pueblo se exprese libremente y sin intermediarios que se autoproclamen sus dueños.
