Las perspectivas para el 2024 no son muy positivas para el Perú. La recesión que afecta a la economía tendrá serías repercusiones en el país, que abonará a la crisis política generada desde el ejecutivo y acrecentada por la continua agresividad del congreso contra los otros poderes del estado.
La crisis de gobernabilidad del país se expresa en la falta de una clara separación de los poderes, donde el congreso busca avasallar a la institucionalidad del Estado, para imponer su voluntad, tanto sobre el ejecutivo, a la que tiene en condición de vasallaje y ahora busca reemplazar a la Junta nacional de Justicia, para ser el organismo que nombre, separe, sancione y promueve a los magistrados.
Esto es politizar el poder judicial para ponerlo al servicio de los grupos de poder que controlan el congreso que, en el caso peruano, son organizaciones criminales que han llegado al poder, para desde ahí beneficiar a los que han financiado las campañas electorales: minería ilegal, tala ilegal, narcotráfico y corrupción en el aparato del estado.
En el Perú se conoce lo que significa un poder judicial y un ministerio público al servicio del poder y de los grupos criminales que lo conducen. Basta recordar la década del gobierno de Alberto Fujimori, para saber que ambas instituciones hicieron la vista gorda ante los graves crímenes que se cometieron en esos diez años.
No hablemos de los casos de violaciones de los derechos humanos, que llegaron a las cortes luego de la caída del tirano en el 2000. Veamos lo que pasó con el avión presidencial que fue encontrado transportando droga, o de los barcos de la Armada Peruana que tuvieron los mismos problemas.
Pero el caso más notorio fueron las declaraciones del narcotraficante “Vaticano” quien declaró que daba una cuota de 50 mil dólares al asesor presidencial y jefe del SIN, Vladimiro Montesinos, por cada envío de cocaína desde las pistas clandestinas y otras no tan clandestinas de la selva peruana
Los intentos del congreso de controlar el poder judicial, vulnerar el estado de derecho y politizar la justicia, es un mensaje peligroso, no sólo a los inversionistas privados, sino incluso a los acuerdos que pueden darse de gobierno a gobierno y la participación del Perú en los foros internacionales.
Y si a eso agregamos el indulto a Alberto Fujimori, en claro desacato a la resolución de la CIDH, se presenta al Perú como un país al margen de la institucionalidad internacional.
