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martes, 6 junio, 2023
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Relator de la ONU: El Fredepa no es una organización terrorista | Editorial

Las declaraciones del Relator de la ONU, señalando que los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo no son terroristas, porque la policía ni la fiscalía ha mostrado ninguna evidencia de que actuaron como terroristas o dirigieron actos de terrorismo el 15 de diciembre, es una información que se debe en cuenta, por la estigmatización que se hace contra dirigentes y líderes sociales durante las movilizaciones que iniciaron en diciembre del 2022, y de manera especial, de los dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho.

No es una ONG la que hace esta precisión, sino del Relator de Naciones Unidas, que estuvo en el Perú, conversó con policías y militares, con dirigentes sociales, con familiares de las víctimas mortales, con detenidos y con heridos en las movilizaciones sociales ocurridas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Por eso sus declaraciones son fundamentales. El relator de la ONU precisó que ha visitado las ciudades donde hubo movilizaciones y hechos sangrientos y “pudo conversar con las fuerzas del orden (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) y comunidades indígenas y una de sus primeras observaciones” fue que no encontró “ninguna prueba ni evidencia de que los protestantes eran terroristas o que eran controlados por alguien más o que tengan lazos con el terrorismo”.

Mostró su preocupación sobre la situación en que se encuentran los derechos de la población a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Esta parte es importante, porque el “terruqueo” en el Perú es utilizado como un mecanismo para atemorizar a la población a pronunciarse no sólo contra el gobierno de Dina Boluarte, sino contra autoridades de otros niveles.

Indicó que se “va analizar el caso de Ayacucho (Fredepa) pero precisó que hace un llamado a las a las autoridades para que no utilicen esos términos (‘terruqueo’), aun cuando estas opiniones estén en contra del gobierno o empresas”.

La gente tiene temor de que lo acusen de “terruco” y esto se agrava con el falló judicial de una casación dada por una Sala de la Corte Suprema, donde se califica que toda movilización, aunque sea pacífica, es un delito.

Esta decisión está ligada a la aprobación de un proyecto de ley en segunda votación para ampliar las penas a los delitos de difamación, con carcelería de 4 años, lo que pone en riesgo la libertad de prensa y de información, contempladas en la Constitución del Perú y respaldada por la Declaración de los Derechos Humanos.

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