Nelson Pereyra | Larga duración
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El Congreso ha aprobado una ley que dispone el restablecimiento de la firma del expresidente Alberto Fujimori en la Constitución Política vigente. La medida busca corregir un error histórico, pues según el presidente de la Comisión de Constitución Fernando Rospigliosi las constituciones peruanas han identificado tradicionalmente a los presidentes que las promulgaron. En su lógica, sin la firma del mandatario que la promulgó no existiría Constitución alguna.
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La restitución oscila entre el populismo y el pragmatismo. Es populista porque tiene un impacto limitado, sirviendo más como un gesto para reivindicar al exmandatario ante una opinión pública dividida. Para muchos, Fujimori fue clave en el despegue económico del país, pero también estuvo envuelto en graves casos de corrupción. El propio Fujimori se allanó en juicios por corrupción, admitiendo su responsabilidad, y en 2009 fue condenado como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. Por lo tanto, la decisión del Congreso poco puede hacer para cambiar una realidad histórica ampliamente documentada, como menciona la periodista Rosa María Palacios.
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Por otro lado, la medida también tiene un propósito pragmático: reforzar simbólicamente el régimen congresal actual, instaurado a partir de la misma Constitución, que domina sobre un Ejecutivo debilitado y que ha aprobado leyes controvertidas (cuestionadas por el Poder Judicial y el Ministerio Público) y designaciones polémicas (como el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional). En este contexto, la restitución de la firma de Fujimori cobra sentido porque su gobierno impulsó el Congreso unicameral, uno de los temas más debatidos en 1993, cuando se elaboró la Carta Magna, junto con la reelección presidencial.
Sin embargo, a los congresistas de Fuerza Popular y sus aliados parece importarles poco una reforma seria e integral de la Constitución, disposición que acompañaba la eliminación de la firma de Fujimori según la Ley 27600. La Carta Magna ha sido modificada en numerosas ocasiones en sus 30 años de vigencia. La más reciente reforma ha consistido en la restauración del Congreso bicameral, con un Senado y una Cámara de Diputados. Además, las reformas sobre el voto de confianza, la censura a ministros y la disolución del Parlamento han debilitado el sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, uno de los principales logros de la Constitución de 1993. En este contexto, la restitución de la firma de Fujimori se asienta sobre una norma ya fragmentada en su coherencia y estructura.
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Para los opositores al fujimorismo, retirar la firma de Fujimori fue una sanción simbólica contra un líder vinculado a la corrupción y que renunció desde el extranjero. Los más radicales piden derogar la Constitución y convocar una Asamblea Constituyente, alegando su origen autoritario. Sin embargo, desde 2001 no han impulsado una reforma efectiva y sus rencillas han contribuido a la actual fragilidad institucional. Así, la eliminación de la firma no tuvo un impacto real, pues la Constitución sigue vigente y requiere cambios profundos para fortalecer la democracia, algo difícil con una oposición fragmentada y enfrascada en disputas simbólicas.
En el actual contexto de crisis política, la presencia o ausencia de la firma de Fujimori en la Constitución resulta irrelevante. Lo verdaderamente necesario es una seria reforma de la norma y de todo el sistema político. Como suele ocurrir en el país, se debaten las formas, pero no se aborda el fondo del problema.
