Mario Cueto | Opinión de Miércoles
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Para enero de 1983, la zona de Ayacucho, se encontraba convulsionada por la acción subversiva. En términos generales, el mes precedente, diciembre 1982, fueron asesinados los alcaldes de Huamanguilla y Ayna, resultaron heridos en atentados el alcalde y subprefecto de Huamanga, asesinado el director de INC-Ayacucho y dinamitado el puente sobre el Río Pampas, entre otros.
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En noviembre fue asesinado el presidente de la comunidad de Uchuraccay Alejandro Huamán, en diciembre son asesinados el presidente y teniente gobernador de la comunidad de Huaychao y en la primera quincena de enero de 1983, capturados y victimados 24 militantes de SL en ambas jurisdicciones, entre ellos cinco senderistas en Uchuraccay y, luego, en Huaychao siete jóvenes la madrugada del sábado 22, según un comunicado del Comando Político Militar. Todas las acciones atribuidas a los comuneros, fueron garantizadas con impunidad y apoyo de patrullas de las Fuerzas del Orden que, desde finales de 1982, reiteraban que los enemigos llegan por tierra, los amigos por aire, inculcando a los comuneros, a organizarse y defenderse, es decir, a matar a los enemigos que eran los que se desplazaban por tierra.
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Es en este contexto, especialmente ante lo ocurrido en Huaychao, resaltado por el mandatario y numerosas autoridades, así como medios de comunicación y, ante la carencia de informaciones integrales, convincentes, los 8 periodistas deciden viajar a la zona de Huaychao, para indagar la verdad de lo sucedido, al margen de las especulaciones acerca de otros objetivos, que tampoco pueden descartarse, tratándose de hombres de prensa que buscan incidencias, informaciones y hasta entrevistas, que pudieran enriquecer la noticia, para difusión y conocimiento de la población.
Tras los sucesos de Uchuraccay, desde hace 42 años, las heridas siguen abiertas, sangrantes, porque la verdad se desconoce, aun cuando a lo largo de estos años, se precisen autorías intelectuales y responsabilidad de miembros de las fuerzas orden, especialmente de la Marina y Ejército, acantonados en Tambo y Huanta, flotando numerosas interrogantes, que solo podrán esclarecerse cuando se proceda a la desclasificación de los documentos que guardan las Fuerzas Armadas y Policiales; objetivo que, por falta de una necesaria insistencia, no lograron las comisiones Vargas Llosa y la de la Verdad y Reconciliación. Hoy a 42 años, debemos, periodistas y comunicadores, reivindicar el legado de los ochos mártires, buscando la verdad, aún a costa de las propias vidas y no camuflar muchas veces ese legado, con ceremonias y homenajes protocolares coyunturales; o con la complicidad en que incurrimos a partir de un ejercicio periodístico de sumisión ante los poderes políticos y económicos, ocultando o callando la verdad y la transparencia.
